viernes, 24 mayo, 2024
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Ser pobre es más caro: la inflación en comercios del conurbano bonaerense

El Indice Barrial de Precios (IBP) que realiza mensualmente el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) con datos de comercios de cercanía del conurbano bonaerense aumentó 69,72 por ciento durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei. Solo en febrero, la suba fue de 14,12 por ciento.

Según el relevamiento mensual de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos(CAB) que realiza el Isepci en 850 comercios de cercanía de veinte distritos del conurbano bonaerense, una familia de dos adultos/as y dos hijos/as pequeños/as en noviembre 2023 necesitaba para alimentarse durante treinta días 182.905,48 pesos. Tres meses después, en febrero, la misma familia requirió para comprar los mismos productos 310.431,58 pesos. Es decir debió sumar a estos gastos indispensables para su alimentación familiar 127.526,10 pesos (+69,72 por ciento).

Los valores de la Canasta Básica Total (CBT), que además de los alimentos contiene un universo más amplio de productos que son igualmente indispensables para la vida cotidiana como salud, educación, transporte, tarifas del hogar, entre otros; la misma familia de cuatro integrantes que en noviembre necesitaba 393.243,07 pesos en febrero pasado requirió 665.011,27 pesos. Es decir debió sumar 261.768,20 pesos (66,57 por ciento) para solventar los mismos gastos.

Desde la llegada al gobierno nacional por parte de la actual administración, el rubro que más subió entre los alimentos de la CBA es el que contiene los productos de almacén (75,16 por ciento), seguido por Frutas y Verduras (68.95 por ciento), mientras que las carnes aumentaron 62 por ciento.

«El recorte del gasto se viene ejecutando implacablemente en rubros como jubilaciones, subsidios al transporte, a las tarifas de energía eléctrica y gas, salarios de empleados públicos y asignaciones familiares, congelamiento de la obra pública, cierre de múltiples ámbitos estatales con los consiguientes despidos de sus empleados, recortes de gastos de educación (ej. congelamiento de las transferencias a las universidades), salud, enormes e ilegales recortes de transferencias a las provincias», editorializa el Isepci y explica: «Mientras los incrementos de los productos que componen las Canasta Básicas están en el orden del 70 por ciento las jubilaciones recibirán, a partir de marzo, incrementos de 28 por ciento (+bono de 70 mil), el salario mínimo asciende, con el último aumento otorgado, a 202.000 pesos por mes, monto que está muy lejos del valor de la Canasta Básica de Alimentos familiar, el presidente convoca a los gobernadores y a toda la dirigencia política a hacerlos cómplices de la construcción de un modelo cada vez más injusto excluyente».

«El gasto público no debería superar el 25 por ciento del Producto Bruto Interno, porcentaje que nos pondría entre los países cuya distribución del ingreso está entre las más desiguales del mundo, lejos, muy lejos, de los más desarrollados, que en todos los casos ostentan porcentajes por encima del 30 por ciento. Los destinatarios de este ajuste no están entre ninguno de los visibles sectores de privilegiados, que son las poderosas minorías de siempre; sino que son los/a jubilados/as, trabajadores/as, o receptores/as de asignaciones sociales; mientras se multiplican las reuniones con funcionarias del FMI y otros organismos internacionales en los que se afinan los planes para garantizarles el pago de las deudas públicas contraídas, muchas de ellas ilegalmente. Allí, no hay ninguna mención de quitas ni recortes, no se abren investigaciones que esclarezcan si verdaderamente son legales. En el mejor de los casos, se busca postergar algunos plazos de pago, supeditados a la incorporación de nuevos y más onerosos intereses», asegura el Isepci.

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