jueves, 23 mayo, 2024
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Plan motosierra para las universidades: así se enfrenta la UCR a Milei en el Congreso por el ajuste

Querer unir o reparar el vínculo de Javier Milei con la Unión Cívica Radical es como tratar de mezclar el agua y el aceite: no es posible. Conscientes de ese rechazo, que el líder de La Libertad Avanza siente y expresa públicamente por quienes integran el partido que fundó Alem, los radicales en el Congreso Nacional han decidido «priorizar sus valores» e ir contra de las decisiones del Presidente.

Sucede que dentro de su plan motosierra para lograr terminar con el déficit fiscal, el gobierno mileista decidió -entre otras cosas- recortar el presupuesto en las universidades públicas. En principio, la administración libertaria decidió mantener para el 2024 la partida del Presupuesto 2023 destinada a las universidades nacionales; teniendo en cuenta una inflación de más del 200%, esos recursos se volvieron insuficientes.

A ese recorte se le suma además las denuncias por parte de las autoridades de diversas universidades en todo el país, que denuncian que la situación actual es «de extrema gravedad», ya que el Gobierno ni siquiera está enviando el dinero que les corresponde de ese presupuesto ya comprometido.

En ese contexto, los diputados nacionales de la UCR presentaron un proyecto de ley para el financiamiento del sistema universitario «ante la crisis generada por la no actualización de gastos de funcionamiento».

Qué dice el proyecto de la UCR

La iniciativa del radicalismo no es antojadiza ni mucho menos pretende ponerse «en contra» a Javier Milei; sino que responde a los múltiples reclamos que se han dado en las últimas semanas en torno al desfinanciamiento universitario. Solo por poner un ejemplo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a todas las universidades públicas del país, emitió un comunicado el 21 de febrero pasado, en el que advirtió que «la situación es crítica» y que de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo que tomó el Gobierno, se verá «seriamente afectado el funcionamiento» de las universidades.

Otro caso fue el de la Universidad de San Martín, institución en la que, según su rector, Carlos Greco, no tiene plata ni siquiera para «reponer el papel higiénico de los baños». «Tenemos un cuarto de lo que debíamos tener para pagar la luz, el gas, los insumos de laboratorio, la seguridad, la limpieza, los insumos de la docencia, entonces esa situación es casi insostenible», denunció Greco esta semana en una entrevista radial.

parte del equipo presidencial sospecha que dirigentes del radicalismo como Emiliano Yacobitti o el propio líder de ese partido, el senador Martín Lousteau, han convertido a las universidades públicas en

Parte del equipo presidencial sospecha que dirigentes como Lousteau convirtieron a las universidades públicas en cajas negras de la política

En esa línea, el proyecto de la UCR que impulsa la diputada nacional Danya Tavela, pero que firmaron Facundo Manes, Martín Tetaz, Julio Cobos, Rodrigo De Loredo, y legisladores nacionales de otros espacios como Margarita Stolbizer y Nicolás Massot, tiene como objetivo principal establecer criterios de actualización para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Asimismo, propone pautas objetivas y transparentes para la distribución presupuestaria.

Emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional

En su artículo 1, la iniciativa establece declarar la «emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional en el ejercicio presupuestario 2024» y atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, «el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales».

Sobre los recursos asignados a las universidades, el proyecto propone lo siguiente:

– «De los recursos asignados en el ejercicio presupuestario anual destinados a las Universidades Nacionales, se debe respetar la relación de ochenta y cinco por ciento (85%) para gastos de salarios y de quince por ciento (15%) para gastos generales y de funcionamiento«.

– «El monto resultante de la aplicación en lo referido a las partidas dispuestas para atender gastos de funcionamiento se actualizará bimestralmente con una combinación de la variación del índice general de precios al consumidor (50%), la variación de la cotización de la divisa de referencia para importación (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%)«.

Tavela, que fue vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA), pide también en el proyecto que «ante cualquier readecuación que se realice en el presupuesto de las universidades nacionales, deberá preverse la actualización de los gastos de funcionamiento».

Mayor transparencia en las universidades

El Gobierno quiere pasar su Plan Motosierra también por las universidades

De todos modos, el Gobierno nacional no le cree a la Unión Cívica Radical. Incluso, parte del equipo presidencial sospecha que dirigentes del radicalismo como Emiliano Yacobitti o el propio líder de ese partido, el senador Martín Lousteau, han convertido a las universidades públicas en «cajas negras de la política».

Puede que esas sospechas que tiene el Gobierno respecto de maniobras de corrupción dentro de las universidades -entre muchas otras tantas que no tienen nada que ver con la Unión Cívica Radical y que están siendo investigadas- tengan que ver con un dato que salió de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional: en el mes de febrero las transferencias a las universidades fue 38,1% menor en comparación con febrero de 2023 ($159.212 millones); mientras que en el primer bimestre la caída interanual fue 28,7%.

En ese contexto, el proyecto presentado por la UCR también establece parámetros sobre montos correspondientes para cada institución, los que de aprobarse la ley serán determinados anualmente en el Presupuesto anual general de la administración pública nacional, «y su distribución se realizará de forma pública y transparente».

En ese sentido, el texto propone que se establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación «que permitan determinar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos y acordados entre el Poder Ejecutivo nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional».

«La asignación de recursos se efectuará de manera que se asegure el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional, se fomente la calidad y pertinencia de la formación, y se garantice la eficiencia en el uso de los recursos públicos«, reza el proyecto de ley en su artículo 4.

Por último, Tavela afirmó que «se comprende y entiende la coyuntura, se entiende el contexto de ajuste y de sinceramiento de variables macroeconómicas y de la necesidad de no recurrir al déficit, pero también es necesario garantizar el acceso a la educación superior y las funciones de docencia, investigación, salud y extensión que cumplen las universidades nacionales».

El proyecto completo a continuación

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