Uno de los proyectos de ley que conforman el llamado «paquete Bullrich» fue sancionado este jueves en el Senado por 39 votos a favor y 20 abstenciones. Se trata de la norma que amplía el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos, de modo que no solo se utilice para dilucidar casos de delitos contra la integridad sexual, sino otros hechos graves como homicidios, robos violentos y narcotráfico.
Los votos positivos fueron de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y todo el abanico de bloques provinciales; mientras que se abstuvieron los senadores de Unión por la Patria. Además, desde la bancada peronista/kirchnerista propusieron la vuelta a comisión del texto, pero esa votación fracasó.
Senado: el Gobierno aprobó la nueva ley de Registro de Datos Genéticos
De acuerdo a la flamante ley, el registro funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional, y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán firmar convenios con el registro con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios.
Cuando el tema se trató en agosto pasado en la Cámara de Diputados, el artículo 2 del proyecto se cayó: era el que proponía que el registro pasara de la órbita del Ministerio de Justicia al de Seguridad. No solamente Unión por la Patria y la izquierda, la oposición más acérrima, votó en contra, sino también un grupo de radicales, la Coalición Cívica, el bloque de Miguel Pichetto y espacios federales.
Cuando la iniciativa se trató en las comisiones del Senado, esa redacción se mantuvo y así llegó al recinto este jueves. «Con buen tino en Diputados se lo puso en el Ministerio de Justicia y coincidimos, tiene que estar ahí», expresó durante el debate el senador kirchnerista, Oscar Parrilli.
Sin embargo, el neuquino advirtió que, en su opinión, con esta reforma de la Ley 26.879 -sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, algo que recordó- «estamos en las puertas de que esto sea un mapeo de imagen para todos los ciudadanos».
Unión por la Patria quiere evitar que Patricia Bullrich maneje el nuevo registro
«Estamos desconfiados porque quieren que esto esté en manos del Ministerio de Seguridad y la ministra de Seguridad es Patricia Bullrich, que hace pocos días ha inventado una prueba para tratar de ocultar que policías le habían tirado gas pimienta en la cara a una nena de 10 años», lanzó.
En esa línea, confesó: «Lo que yo temo es que nosotros sancionemos la ley diciendo que va al Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo, vete (parcialmente ese artículo) o saque un DNU y pase al Ministerio de Seguridad» para «utilizarlo como una herramienta más para el espionaje político».
Además, el legislador consideró que solo debería alcanzar a los delitos «que tienen más de 6 años de pena». Uno de los artículos de la ley aclara que «a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados».
Para Parrilli, al incluir personas imputadas y procesadas, «se está vulnerando la Constitución Nacional, la presunción de inocencia» y convenios internacionales a los que Argentina ha adherido.
¿Quiénes van a estar incluidos en el Registro de Datos Genéticos?
De acuerdo a la norma sancionada por el Senado, el registro almacenará perfiles genéticos asociados a la evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación judicial; aquellos obtenidos en la escena del crimen; también perfiles de cadáveres o restos humanos no identificados; de personas que tiene familiares desaparecidos; de personas mayores imputadas, procesadas o condenadas por delitos; de personal de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial que intervengan en investigaciones criminales; y de toda persona mayor de edad que voluntariamente manifieste su deseo de incorporar su perfil al registro.
«Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente», aclara el texto.
Además, se establece que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales y «el titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento».
«La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada», agrega otro artículo y afirma que «en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos» en la ley.
Si bien originalmente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no lo incluía, en el Congreso se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que «a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otra información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales».
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.
«El que las hace, las paga»: el argumento del oficialismo
En el debate en la sesión del Senado, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, aseguró que esta herramienta forma parte de la «lucha contra la inseguridad» y, al mencionar que la ley original fue sancionada hace 11 años, dijo: «Desde ahí hasta ahora las formas de recolección de datos y los registros han avanzado mucho».
Para el oficialista, esta ley se enmarca en «un viraje en materia de seguridad y jurídica que está emprendiendo este Gobierno» y, al recordar el eslogan de campaña «el que las hace, las paga», enfatizó que «a partir de ahora los delincuentes van a ser tratados como delincuentes y las víctimas como víctimas». «Toda esta cultura del garantismo y de reconocer a los criminales por sobre los ciudadanos de bien, con este Gobierno se está terminando», sumó.
Por su parte, la senadora radical Carolina Losada, presidenta de la Comisión de Seguridad, apuntó que el objetivo es «identificar delincuentes, pero también exculpar gente que se encuentra detenida y es inocente». En ese sentido, el registro «tiene una doble intención: que el que realmente las hace, las pague, pero el que no las hizo no tiene por qué estar pagando».
Durante la discusión, presenciaron desde los palcos Adriana Belmonte, Isabel Yaconis y Jimena Adúriz, cuyas hijas -Lola Chomnalez, Lucila Yaconis y Ángeles Rawson, respectivamente- fueron víctimas de femicidio. Como representantes de la asociación civil Madres del Dolor, celebraron la aprobación de la ley.