El Gobierno formalizó la ampliación a todo tipo de investigación criminal el Registro Nacional de Datos Genéticos, luego de que el proyecto de ley fuera aprobado por ambas cámaras del Congreso.
Así quedó oficializado a través del decreto 899/2024 en el Boletín Oficial, en el que se sustituyó el artículo 1° de la ley 26.879 por lo siguiente: “Créase el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal sobre la base de los perfiles genéticos de un análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN) en las circunstancias y bajo las modalidades establecidas en la presente ley.
El registro contará con una base de datos de perfiles genéticos y una base de datos filiatorios, no relacionadas entre sí. También, funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional, y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán firmar convenios con el registro con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios.
Antes sólo almacenaba muestras de ofensores sexuales, ahora el registro permite comparar las huellas y trazos que se obtengan en la escena del crimen con el perfil genético de los imputados y condenados, a quienes se les extraerá una muestra para sumarlo al registro. Otra de las modificaciones que se introducen es la posibilidad de que los familiares de las víctimas puedan hacer un aporte voluntario de material genético para ampliar el registro y comparar el ADN del cuerpo de una persona no identificada.
Se trató de una propuesta del Poder Ejecutivo que fue aprobada, aunque con cambios con relación a su redacción original, por la Cámara de Diputados el pasado 15 de agosto y al recibir dictamen de comisiones en el Senado sin modificaciones quedó en condiciones de convertirse en ley.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había impulsado la medida, buscaba que el Registro pase a ser parte del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, permanecerá bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
La norma era reclamada por organizaciones de familiares de víctimas de delitos, como las Madres del Dolor, como una herramienta que podría ayudar a resolver muchos de los casos que tras varios años permanecen impunes. El impulso del tratamiento en el Senado lo tomó la radical Carolina Losada (Santa Fe), presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que convocó el mes pasado al plenario para escuchar la opinión de funcionarios de Poder Ejecutivo y de especialistas.
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