Desde hace meses que los automovilistas muestran su disconformidad con las sanciones que les llegan por foto multas que «parecen estar pensadas para recaudar dinero como sea y no para prevenir accidentes viales», según explicó el doctor Juan Cordero, un abogado al que le llegó una multa por exceso de velocidad en una avenida de zona norte de la provincia de Buenos Aires por la que venía circulando a 60 km/h y a los pocos metros vio un cartel que indicó que «… debía reducir la velocidad a 40 km/h y, sencillamente, no llegas a frenar a tiempo. Es un sistema pensado para recaudar y perjudicar al conductor».
Otro caso insólito es el que sucede con las multas por pisar la cebra peatonal, un área segura para que los peatones puedan cruzar las avenidas, y que suelen generar enormes cantidades de multas y pérdidas en dinero para los conductores por el intempestivo cambio de color en el semáforo.
Un lector de iProfesional, señal: «En avenida del Libertador y Darwin en San Isidro, el semáforo en amarillo duró tres segundos que, por el caudal de tránsito de la avenida, no representa tiempo suficiente para frenar a tiempo sin pisar levemente la cebra peatonal, por la que debo pagar varias multas. La opción de acelerar es peor porque si lo hiciera cruzaría con el semáforo en rojo. El tiempo del amarillo es cada vez menor y ahi recaudan», expresó el conductor perjudicado.
Ahora bien, ¿quiénes recaudan?
Multas de tránsito, ¿una renovada caja política?
En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof debió anular miles de multas de tránsito por las quejas recibidas ante los jueces de falta por conductores que observaron las sanciones por evidentes faltas de señalización en donde estaban colocadas las cámaras que sacan las fotos multas y por carteles ausentes que indiquen las velocidades máximas y otros ítems indicados en la Ley de Tránsito Nª 13.927.
El ministro de transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, asegura a quien quiera oírlo: «Buscamos generar un cambio cultural en la provincia. No pasa por el hecho de poner penas más duras. No buscamos ser recaudadores. Queremos ser los promotores de un cambio que nos ayude a salvar vidas.»
Sin embargo, las quejas continúan y provienen desde municipios de la zona norte de la provincia y, también, de otras localidades que regulan el tránsito en sus distritos a través de cámaras de seguridad.
La cuestión más caliente pasa por las cámaras de velocidad, colocadas estratégicamente en rutas y avenidas, y que han sido criticadas por su falta de transparencia. Desde opacidad en el manejo de los contratos en varias localidades y una distribución de las ganancias generadas por las multas poco claras, no ha hecho más que acrecentar la sensación de «robo» que tienen los automovilistas cada vez que se les notifica una sanción de tránsito.
Frente a la opacidad denunciada, el gobierno de Kicillof ordenó una auditoría para seguir la «ruta del dinero» de lo recaudado y promete lanzar, antes de fin de año, un nuevo procesamiento de multas viales.
En principio, la provincia de Buenos Aires recibe el 20% de la recaudación que se destina para políticas de seguridad vial, mientras que el resto se distribuye entre los municipios que declaran, a través de sus voceros, que sirve para mejorar el tránsito y reforzar los controles vehiculares. Un porcentaje significativo también va destinado a universidades que colaboran con el sistema de gestión de infracciones.
Por ejemplo, algunos municipios reciben el 16%, la Provincia el 20%, y el 64% se destina a fundaciones universitarias, mientras que, en otros casos, la distribución es de 20% para la Provincia, 24% para el municipio y 56% para las fundaciones.
Axel Kicillof: el Estado como juez y parte
Mientras que la administración nacional de Javier Milei avanza con la desregulación en el mercado automotor y trabaja para desarmar «cajas oscuras» que existen por convenios firmados en el pasado entre el ministerio de Justicia, los municipios de la Provincia y Acara (Asociación de Concesionarios de Automores), que obtiene dinero de fondos que llegan a los registros de propiedad automotor, la gestión Kicillof regula las multas a través del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), que funciona como el VAR del fútbol y por el cual los jueces no pueden eliminar multas a discreción sin una fundamentación expresa.
Pero, al igual que el VAR en el planeta fútbol, el SACIT está en entredicho por los actores que se ven perjudicados por sus sanciones.
Por ejemplo, una vecina de la ciudad de La Plata, no fue debidamente notificada que tenía cuatro multas por exceso de velocidad adeudadas, y de las que tomó conocimiento cuando fue a tramitar la transferencia del vehículo.
Estela Valverde se enteró de que tenía cuatro foto multas impagas, que le fueron libradas entre diciembre y febrero pasado por una cámara ubicada en el camino Centenario entre 495 y 501, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.
En estos casos, el municipio tiene la obligación de notificar al conductor sobre las faltas, cuestión que no fue atendida por el juez de faltas local.
¿Cómo hacer un reclamo por multas de tránsito?
En el sistema SACIT se puede hacer un reclamo ante el juez administrativo de Faltas. La página requiere que el usuario se registre con la incorporación de datos básicos (nombre completo, mail, dirección, contraseña y pregunta de seguridad). El formulario digital ofrece alternativas de reclamo: si el auto no pertenecía más al infractor; si hubo algún error en la lectura de la patente; si el equipo de captura no estaba homologado. En cada caso, la página permite adjuntar documentación que avale cada uno de los argumentos esgrimidos: un boleto de compraventa, una cédula azul (si sostiene que no era quien manejaba el vehículo) o la foto del vehículo (si no corresponde con la que enviaron en la multa).
Una vez que se inicia el proceso de «apelación», el juzgado de Faltas tiene hasta 20 días para responder. El magistrado puede considerar «válido» o «inválido» el reclamo. En el primer caso, queda exceptuado de pagar la multa. En el segundo, es condenado. Y si pasaron 30 días desde que recibió la notificación, puede perder el beneficio del 50% de descuento en la pena por «pago voluntario».
Nada de esto sirvió en el caso de la automovilista platense.
La caja política de los sacamultas, en la mira de la Justicia
Como si el panorama fuera poco desolador para los automovilistas que deben circular por la provincia de Buenos Aires, la Justicia investiga una denuncia penal presentada por uno de los empresarios más poderosos del negocio de las cámaras de seguridad vial.
El dueño de Secutrans S.A. Leandro Camani, vinculado al espectáculo a través de los premios Martín Fierro y expareja de Nazarena Vélez y de Samantha Farjat, presentó una denuncia ante la fiscalía Nª 11 de Álvaro Garganta que habla de un presunto fraude a la administración pública por miles de millones de pesos, a partir de lo que llama una «estructura criminal dedicada a matar multas» y de la que formarían parte gestores y funcionarios públicos provinciales
Cuestión que podría costarle el cargo al ministro D’Onofrio porque los jueces de faltas que estarían involucrados dependen de su cartera ministerial.
«La investigación comenzó con la denuncia de un particular en la cual distintos funcionarios, principalmente de la administración provincial, y específicamente del Ministerio de Transporte, valiéndose del acceso de un sistema informático administrativo —que tiene como finalidad la centralización de las infracciones de tránsito—, actuaron en connivencia con gestores y con terceros, ajenos a la dependencia«, explicó el fiscal Alvaro Garganta en declaraciones periodísticas.
La organización buscaba captar a automovilistas, ofreciendo saldarlas a un 50 por ciento. Ese sistema se difunde por redes sociales y hasta con pasacalles.
Los «borramultas», otro exponente de la economía en negro, que prosperó durante todos estos años a costa de los bolsillos de los automovilistas que deben soportar cómo los políticos se llenan la boca hablando en discursos acerca de la importancia de la «seguridad vial».