Este 10 de enero de 2025, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazó la solicitud de emergencia del presidente electo Donald Trump para bloquear su sentencia en el caso New York v. Trump.
Trump había presentado una petición urgente el 8 de enero, buscando evitar su sentencia programada para el 10 de enero, la cual fue determinada por el juez demócrata Juan Merchan.
En la orden emitida por la Corte, se señala que la solicitud fue denegada por varias razones. En primer lugar, la Corte indicó que las violaciones de pruebas en el juicio estatal de Trump pueden ser abordadas en el proceso de apelación correspondiente.
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Además, se argumentó que el impacto que la sentencia tendría sobre las responsabilidades de Trump como presidente electo sería «relativamente insignificante», especialmente dado que el tribunal había indicado su intención de imponer una sentencia de «descargo incondicional» tras una breve audiencia virtual.
La Corte Suprema también destacó que los cuatro jueces conservadores Thomas, Alito, Gorsuch y Kavanaugh habrían votado a favor de conceder la solicitud de Trump. Sin embargo, la mayoría de los jueces progresistas, incluyendo a la presidenta de la Corte, la jueza Sonia Sotomayor, y a los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, votaron en contra de la petición. A ellos se le unieron los jueces Roberts y Amy Coney Barrett.
Esto dejó a Trump sin los cinco votos necesarios para bloquear la sentencia. Como resultado, la sentencia continuó su curso y Trump deberá asistir a la audiencia de manera virtual el 10 de enero de 2025.
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El caso en cuestión, New York v. Trump, surgió después de que un jurado encontrara culpable a Trump de falsificar registros comerciales en primer grado, dentro de una investigación liderada por el fiscal demócrata del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
Trump había negado rotundamente todas las acusaciones y apeló la sentencia, pero la corte desestimó su apelación la semana pasada. La acusación surgió a raíz de un esquema relacionado con pagos de dinero durante las elecciones de 2016.
Trump alegó que las pruebas presentadas durante su juicio eran erróneas, especialmente en lo que respecta a la inclusión de evidencia relacionada con actos presidenciales, argumentando correctamente que dichos actos están protegidos por inmunidad presidencial, según una decisión previa de la Corte Suprema de Justicia.
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En su solicitud a la Corte Suprema, los abogados de Trump pidieron que se detuvieran todos los procedimientos penales en su contra en el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York, sosteniendo que las acusaciones eran políticamente motivadas y carecían absolutamente de mérito.
También afirmaron que los cargos violaban los derechos constitucionales de Trump, al alegar que la evidencia presentada era inapropiada y que la acusación se basaba en las acciones de un abogado deshonrado y descalificado.
El juez Merchan, quien presidió el juicio de Trump, había establecido la fecha de la sentencia para el 10 de enero y había indicado que no impondría una pena de prisión.
En su lugar, expresó su intención de otorgar un «descargo incondicional», lo que significaría que no se aplicaría ningún tipo de castigo formal, sino una sanción simbólica.
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Esto fue interpretado por algunos como una medida que podría atenuar el impacto de la sentencia sobre Trump, quien en pocos días asumirá la presidencia de los Estados Unidos.
Trump, por su parte, ha mantenido su clara postura de inocencia y ha calificado los cargos en su contra como un ejemplo de «guerra legal» (lawfare), promovida por sus opositores demócratas con el objetivo de dañar su campaña electoral.