Para esclarecer los hechos denunciados y que ponen bajo la lupa al diputado Cristian Ritondo y a su pareja, a raíz de supuestas sociedades y estructuras financieras radicadas en el exterior y sin declarar, el fiscal federal Eduardo Taiano impulsó una serie de medidas de prueba.
El 10 de diciembre de 2024, Jeremías Rodríguez radicó la denuncia penal contra el diputado nacional y su cónyuge, Romina Aldana Diago, “por la creación de sociedades comerciales y estructuras financieras no declaradas, en países extranjeros, y el ocultamiento de la adquisición de varios bienes inmuebles y el origen de los fondos para adquirir los mismos”.
De acuerdo al artículo periodístico que se adjuntó en la causa, Diago “tendría participación en cuatro sociedades constituidas en países y Estados con opacidad fiscal (Sunstar Point Ltd, Ilustre LLC, Bonita Holding 39 LLC y Goformore LCC) y un fideicomiso radicado en el Estado de Florida (Warwick Trust)”.
Con esas sociedades -se denunció- se “habrían adquirido cuatro departamentos ubicados en los condominios Midtown Four (3301 NE, 1st Ave, Miami), Harbour House (10275 Collins Ave, Miami) e Iconbay (460 NE, 28th St, Miami) de la ciudad de Miami por la suma de 2.600.000 dólares, operaciones inmobiliarias que se habrían concretado entre enero de 2013 y julio de 2015”.
Respecto de Warwick Trust, Diago “habría estipulado que, tras su muerte o incapacidad, Ritondo asumiría su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales del patrimonio fideicomitido serían los dos hijos del matrimonio”.
Por otra parte, la nota periodística destacó que, “en las últimas declaraciones juradas disponibles del diputado nacional, “que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida”.
El dictamen del fiscal Taiano relata además que la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Legislatura porteña habría indicado que “no contaba con las declaraciones correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, “ya que, pasados los 5 años desde la finalización del mandato, las declaraciones juradas ‘dejan de estar disponibles’”.
En función de todos estos hechos, la fiscalía sostuvo que “con el objeto de recabar mayores elementos que permitan precisar los sucesos denunciados”, se impulsó una batería de medidas.
En primer lugar, se pidió “compulsar las bases de datos de acceso público propuestas en la Guía de Investigación Financiera de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal”.
La finalidad de este entrecruzamiento, señaló el fiscal Taiano, es obtener información respecto de las sociedades supuestamente constituidas por Ritondo y su mujer en el extranjero, dejando debida constancia de los resultados obtenidos de esa búsqueda «mediante certificación actuarial”.
También preguntó a la Unidad de Información Financiera (UIF) si inició alguna investigación con motivo de las denuncias de Elisa Carrió y Mónica Frade, por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.