Desde el trópico de Cochabamba, donde se ha recluido para huir de la orden de aprensión de la justicia por el caso de abuso de menores, Evo Morales lanzó duras críticas contra el actual Gobierno, al que él mismo colocó en el poder. El bastión del exdictador es una región históricamente señalada por la producción de coca y la falta de presencia estatal.
Mediante su programa radial, el líder chapareño acusó al Ministerio de Gobierno de facilitar la fuga de los sicarios responsables del asesinato del capitán de policía José Aldunate, asegurando que abandonaron el país desde el aeropuerto de El Trompillo en una avioneta incautada por la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI).
Además, Morales señaló que considera que las autoridades no investigarán el caso, “Estas autoridades no van a investigar. ¿Quién autorizó la fuga del aeropuerto de El Trompillo? ¿Quién prestó la avioneta? ¿Quién permitió que los sicarios huyeran?». Sugiriendo con estas declaraciones que el gobierno se encuentra íntimamente relacionado con el crimen organizado.
Pese a haber sido el principal impulsor del actual Gobierno, Morales ha endurecido sus críticas, señalando que el país se encuentra bajo el control del narcotráfico. Sus declaraciones surgen en un contexto en el que el hallazgo de droga en un avión de la aerolínea estatal Boa el año pasado y otros recientes escándalos han avivado el debate sobre la infiltración del narcotráfico en las instituciones del Estado.
Morales, quien conoce a profundidad el funcionamiento de las instituciones del Estado, acusó al Ministerio de Gobierno de ser «experto en sembrar pruebas», por lo que rechazó cualquier investigación oficial. En su lugar, exigió que se conforme una comisión legislativa e internacional que esclarezca los recientes hechos violentos.
Para el sindicado por pedofilia, el asesinato del capitán Aldunate es más que un hecho aislado. Sugiere que podría tratarse de un mensaje dirigido a las altas esferas del Gobierno. Posteriormente, recalcó que la Asamblea Legislativa debe asumir la investigación, alegando que la Policía es experta en «sembrar y hacer desaparecer pruebas».
En este sentido, resulta contradictorio que la estructura de poder que aún sostiene Morales proviene en gran parte de sectores cocaleros, mismos que históricamente han sido cuestionados por su relación con actividades ilícitas. Si bien sus denuncias buscan desacreditar a la actual gestión de Arce, su insistencia en calificar a Bolivia como un narco-Estado pone en evidencia su doble discurso: uno en el que rechaza el narcotráfico de manera discursiva, mientras sigue operando desde la región que representa su mayor fortaleza política y económica.
¿Denunciar al narcotráfico desde el bastión cocalero?
Durante su gestión, el Chapare se consolidó como un enclave cocalero con escasa fiscalización, y muchos de sus aliados han sido vinculados a casos relacionados con el tráfico de drogas. Ahora, al distanciarse del Ejecutivo, pretende asumir un rol de denunciante sin reconocer la permisividad que caracterizó su administración en esta materia.
El vicepresidente del Comité Cívico cruceño, Agustín Zambrana, también se refirió a la situación y apuntó contra el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, asegurando que «tiene una cuenta pendiente con el país» debido a su participación en el operativo del Hotel Las Américas en 2009. Según Zambrana, Aguilera estaría nervioso, y algunos militantes del MAS incluso le habrían sugerido abandonar el país por temor a represalias.
Las declaraciones de Morales, quien mantiene su liderazgo político desde una región históricamente vinculada al narcotráfico, han generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores consideran que sus denuncias evidencian la crisis institucional del país, otros lo acusan de utilizar el narcotráfico como un pretexto para debilitar al Gobierno que él mismo ayudó a instalar.