La amenaza de Javier Milei se hizo realidad: como sus candidatos a integrar la Corte no lograron el acuerdo del Senado, él eludió al Congreso y esta madrugada los nombró por decreto. No fue una sorpresa. Ya había avisado que lo iba a hacer. Sin embargo, ante tamaño suceso institucional, la reacción de los principales partidos -desde el kirchnerismo hasta el Pro y el radicalismo- fue desarticulada. Quedaron a la vista fracturas internas en casi todos los espacios y el silencio de la mayoría de sus líderes principales.
Sí se alzaron voces, de lo más diversas, que criticaron con fuerza la decisión del Presidente. Algunos denunciaron el mecanismo de nombramiento en comisión, otros cuestionaron las condiciones de Lijo para el cargo y, los menos, rechazaron las dos cosas.
Una excepción fue la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, que conservó una postura muy dura contra el método y contra este candidato. Para beneplácito del Gobierno y de Lijo, es un partido que no tiene representantes en el Senado, donde podrían ser rechazados los jueces nombrados por decreto.
También se destacó el silencio de los gobernadores de los diferentes partidos. Con varios de los mandatarios peronistas y afines Lijo tejió buenos vínculos que pueden ser determinantes en el Senado, admiten en el PJ.
Mauricio Macri, jefe de Pro, reunió a la mesa ejecutiva de su partido en un encuentro en el que se discutió el decreto de Milei, pero no hubo acuerdo para sacar un comunicado sobre el tema. Macri se fue sin responder las preguntas de los cronistas que lo esperaban. Cerca de las 23, emitió un tuit en el que sostuvo que » a experiencia empírica” le indica que la designación de jueces por decreto “no es correcta”. Y enfatizó: “Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo”. Dijo que su postura es “mayoritaria” en el Pro.
Alfredo de Angeli, jefe de la bancada de senadores de Pro, pareció ejercer cierta representación cuando anticipó que el espacio va a rechazar en la Cámara alta la designación de Lijo (no dijo lo mismo del nombramiento de García-Mansilla). Pero admitió también que no hay una postura unificada. “La mayoría del bloque va ir en contra del pliego de Lijo”, dijo.
Guillermo Montenegro, Ignacio Torres y Diego Santilli, todos dirigentes de alto rango en Pro, se opusieron a firmar el comunicado que se debatió.
Dos aliados que integran el bloque Frente Pro en el Senado marcaron posiciones disímiles. Luis Juez, distanciado de Macri, dijo públicamente que no avalará el nombramiento de Lijo. En el otro extremo, la aliada tucumana Beatriz Ávila firmó el dictamen del juez federal.
La senadora Guadalupe Tagliaferri, larretista y titular de la Comisión de Acuerdos del Senado, señaló que “nombrar por decreto a los nuevos integrantes de la Corte es absolutamente dañina para el país”. No opinó sobre Lijo.
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, no se pronunció sobre los decretos, al igual que otras figuras de relieve en el partido como la exgobernadora María Eugenia Vidal o el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo.
En apoyo de la decisión de Milei actuó como vocera la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que formalmente todavía integra el partido amarillo, aunque está abiertamente enfrentada con Macri.
El presidente de la UCR, Martín Lousteau, fue muy duro contra la designación de jueces en la Corte por decreto. “Este zafarrancho de Milei hace que sea muy difícil tener una Corte independiente” dijo, y sostuvo que “el Senado no puede permitir que este sea el mecanismo”. Fue a título personal, no habló por el partido. Lousteau cuestionó a García-Mansilla. “Nos mintió a los senadores en la audiencia”, dijo. No opinó sobre las condiciones de Lijo para ser juez de la Corte.
Rodrigo De Loredo, presidente del bloque de diputados radicales, dijo, en la misma línea, que “el Gobierno dio un paso en la dirección incorrecta”.
Entre quienes cuestionaron tanto el mecanismo de designación en comisión como a los candidatos elegidos por Milei, se destacó el senador Pablo Blanco, que dijo: “Rechazo categóricamente la designación por decreto de los jueces Lijo y García-Mansilla porque el Presidente está violando la Constitución Nacional. Yo iba a votar a García Mansilla pero ya no. Al aceptar esta designación García Mansilla está avalando una jugada anticonstitucional y por eso considero que no puede ser juez de la Corte”.
Facundo Manes fue durísimo. “Con Lijo en el máximo tribunal de la Nación pierde la Argentina de los que producen, invierten y trabajan para el progreso social y el desarrollo económico”, dijo, y acusó a Milei de agarrar “los peores hábitos de la casta que dice combatir”. Sostuvo que el Presidente “no sólo está violando las normas con este decretazo” sino que “está violando el contrato electoral” porque -sostuvo- “no lo eligieron para armar una Corte Suprema adicta”.
La senadora Carolina Losada dijo a CNN radio: “La designación de Lijo y Mansilla da tristeza: pensé que el Gobierno iba a recapacitar”. Y agregó: “Espero que García Mansilla sea coherente y no acepte”.
Los gobernadores del partido se movieron con extrema cautela. El único que hizo mención al tema fue el mendocino Alfredo Cornejo, que dijo: “Lamento que sean por decreto, sería mejor un consenso”.
Ni la expresidenta Cristina Kirchner ni el gobernador Axel Kicillof ni el excandidato a presidente Sergio Massa hablaron públicamente del tema en las horas posteriores al decreto de Milei.
El martes, tan pronto se conoció la decisión del Presidente, Unión por la Patria dio a conocer un comunicado en el que dijo que su interbloque de senadores rechazaba “de forma categórica” la designación de Lijo y García Mansilla “en la categoría ‘en comisión’ y por decreto”. Recordó que desde su bancada ya habían anunciado en noviembre pasado el “compromiso de rechazar de plano el pliego de cualquier persona” que acepte ser designado en comisión en la Corte. Nada dice este comunicado de la posibilidad, todavía vigente, de que los bloques peronistas le den su acuerdo al pliego de Lijo y sea nombrado como juez definitivo en la Corte.
Una importante fuente del peronismo dijo a LA NACION que estiman que el interbloque podría dividirse si se votara el pliego de Lijo. De un lado quedarían los más fieles a Cristina Kirchner (cerca de dos decenas que se opondrían al nombramiento si no es parte de una negociación mayor) y del otro lado, unos 14, vinculados a los gobernadores o a la red de contactos políticos tejida por el propio juez, que sí le darían su acuerdo.
En el peronismo primó el pragmatismo en este caso. El año pasado, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López planteó la necesidad de investigar a Lijo en el Consejo de la Magistratura. Entonces, le respondió Héctor Recalde (hoy fallecido), que se opuso. “Quiero ser absolutamente claro -le dijo-. No es oportuno por un motivo de primacía de la realidad. Cuando Lijo es candidato a integrar la Corte Suprema evidentemente es muy difícil mantener la objetividad en estos temas. Entonces mi planteo es postergar la discusión al respecto.”
El bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto en la Cámara de Diputados tampoco expresó una posición unificada respecto de los decretos de Milei, aunque en general sus integrantes se mostraron críticos.
El propio Pichetto consideró que se trata de una decisión “muy endeble” aunque la consideró “una buena jugada” para “tapar” el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Y con ironía añadió, en una entrevista: “Yo se la hubiera recomendado, de estar en el Gobierno”. No calificó a los candidatos en sí.
Su colega Margarita Stolbizer fue más a fondo, al denunciar un “decretazo a la impunidad”. Dijo que “poner jueces de la Corte por decreto siempre está mal, pero hacerlo con Lijo demuestra que la degradación de esta gente es total”.
En ese sector se integra el gobierno de Córdoba, del peronista no K Martín Llaryora. Su representante en el Senado, Alejandra Vigo (esposa del exgobernador Juan Schiaretti), dijo que “nombrar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto es un atropello y una amenaza a la división de poderes”. No opinó sobre los candidatos. Y opinó que “con este decreto, tal vez pretendan distraer a la sociedad de otro hecho de gravedad institucional: el caso del Presidente y la criptomoneda $LBRA que la justicia debe investigar con rigurosidad y celeridad”. Curiosamente ella votó en contra la semana pasada sobre el proyecto para crear una comisión investigadora del caso $LIBRA: a quienes la promovían les faltó un solo voto.
El partido de Carrió sí se pronunció de manera decidida contra el mecanismo de la designación por decreto y contra la figura de Lijo. “Desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror. En cuanto a Lijo, representa un escándalo de magnitud nacional e internacional de corrupción”, expresó la líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió a través de su cuenta de X, una de las primeras en reaccionar a la decisión del Gobierno.
En igual sintonía se pronunciaron los seis diputados nacionales de su bloque y los principales referentes distritales del partido.
Los dirigentes de la izquierda dura centraron sus dardos en el mecanismo elegido por Milei para completar la corte. “La designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema, es otra muestra del autoritarismo del gobierno de Milei que quiere seguir gobernando por decreto y pretende tener una Corte adicta que le garantice impunidad”, escribió el diputado Nicolás del Caño.
Su colega Alejandro Vilca añadió: “¿Justicia Independiente?? Naaa… Milei pone a dedo a jueces amigos designándolos por decreto en la Corte Suprema. De esta manera y con estos métodos, la justicia será la herramienta para a perseguir y dar impunidad a otros”.
La también diputada Vanina Biasi tuiteó: “#MileiEstafador acaba de designar a Lijo y García Mansilla para que ocupen sus lugares en la Corte por decreto. Faltan apenas 3 días hábiles para que se abran las sesiones ordinarias. Está claro que busca tener tiempo para encontrar los condicionantes que necesita (climas y aprietes) para que el Senado se los vote. Un presidente imputado por la mayor estafa cripto designando cortesanos por decreto”. Y pidió juicio político para el Presidente.
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