La decisión del Gobierno de emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia para dar curso a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una nueva muestra de incumplimiento y violación de la ley por parte de esta administración.
Tal decisión implica una flagrante violación de la Constitución Nacional y de leyes que tienen plena vigencia.
Por ejemplo: la ley 27612 de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda pública exige, respecto de una operación de crédito con el FMI o cualquier ampliación de un crédito ya existente, dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la remisión de todo el acuerdo al Congreso Nacional (hablamos de las condiciones a que se sujeta el préstamo). Por el otro, la expresa aprobación de dicho acuerdo o ampliación, a través de una ley del Congreso. (ART.2)
Esta ley no puede ser suplida por un DNU.
La exigencia de aprobación expresa por el Congreso crea un doble control de respeto a la ley, en el sistema republicano de gobierno mediante un sistema de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado. Para que quede claro: los funcionarios del Poder Ejecutivo firman el acuerdo, pero debe ser aprobado expresamente por una ley del Congreso que para ello analizará las condiciones a que se sujeta la entrega de los fondos.
Es absolutamente disparatado pensar que el Poder Ejecutivo –que a través de su ministro de Economía suscribirá el futuro acuerdo con el FMI- además se lo auto apruebe a través de un DNU, pasando por encima de la expresa facultad del Congreso. Hacerlo no es legal.
Las condiciones impuestas en el acuerdo con el FMI no deben ni pueden ser un secreto para la sociedad, porque como ya vimos, los compromisos que se asumen hipotecan el bienestar de muchas generaciones de argentinos y argentinas.
Esta coyuntura ya la vimos: es la réplica de la que padecimos durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. El gobierno de Macri no respetó los procedimientos administrativos para la aprobación del acuerdo con el FMI. Omitió el dictamen jurídico; el informe del Banco Central sobre cómo afectaba la balanza de pago, entre otros incumplimientos. Ese acuerdo le significó al país una deuda de 45.000 millones de dólares utilizada mayormente para la fuga de capitales, de la que hoy debe hacerse cargo toda la población.
Por esos incumplimientos el ex presidente Alberto Fernández dictó el decreto PEN 239/2021 que instruyó a la Procuración del Tesoro a presentarse como parte querellante en la causa N° 3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y contra la administración pública”, y a iniciar las acciones civiles en esa causa tendientes al recupero del perjuicio patrimonial que sufrió la Nación.
Pretender aprobar el futuro acuerdo con el FMI a través de un DNU –ignorando las condiciones y el destino que se dará a esos fondos- viola todo el orden jurídico institucional y traerá consecuencias gravísimas para la sociedad. Aunque quieran hacernos creer que esto no es nueva deuda, una vez cerrado el acuerdo estaremos debiéndole más dólares al FMI.
El DNU no fue previsto por la Asamblea Constituyente de 1994 como herramienta para violar las facultades que las leyes y la Constitución pusieron en cabeza del Congreso. Sería bueno que los funcionarios del FMI tomen nota de esta violación por parte del gobierno, si es que realmente les preocupa la institucionalidad y el apoyo de las fuerzas políticas a un futuro acuerdo. Esa institucionalidad brillará por su ausencia si el acuerdo se aprueba mediante un DNU, y convetirá la deuda en ilegítima.
La Argentina tiene normas que consagran la responsabilidad de los funcionarios públicos cualquiera sea su rango, cuando por su dolo, culpa o negligencia, no cumplen sus funciones, violando las leyes vigentes y generando un daño económico al Estado. Ante la ilegalidad de sus actos, debe responder con su propio patrimonio.
Seguimos esperando que el Congreso cumpla con su rol y que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias, ocupándose de hacer cumplir la ley.
Mientras tanto, se sigue fingiendo demencia.
* Abogada, ex directora del Banco Central.