La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó una fuerte preocupación por el impacto de la creciente guerra comercial global, tras el aumento de aranceles dispuesto por Estados Unidos.
La entidad cuestionó también la reciente flexibilización de importaciones implementada por el Gobierno argentino en sectores como calzado, textiles e indumentaria, sin una estrategia de competitividad que contemple baja de impuestos, mejoras en infraestructura y acceso al financiamiento. Según los industriales, esto podría agravar los efectos negativos en el entramado productivo local.
La UIA reclama al Gobierno de Javier Milei que proteja el mercado interno
Desde la UIA, entidad presidida por Daniel Funes de Rioja, pidieron una «inserción internacional inteligente» que priorice la generación de exportaciones con valor agregado, combata el dumping y preserve el mercado interno. Además, reclamaron una agenda de políticas industriales que incluya incentivos al empleo, reducción de la presión fiscal, mejora logística y combate al contrabando.
También advirtieron sobre la amenaza que sienten las PyME frente a las importaciones: según el Observatorio PyME, el 40% de estas empresas industriales percibe una caída de su participación en el mercado interno por la competencia externa.
Por otro lado, la UIA manifestó su desacuerdo con el paro convocado por la CGT esta semana, al considerar que las medidas de fuerza pueden impactar negativamente sobre una recuperación aún heterogénea de la actividad. En ese sentido, llamaron a retomar el diálogo entre los sectores sindicales y el gobierno como vía para resolver los conflictos.
En paralelo, anunciaron que el 29 de abril se realizará el Consejo General de la entidad para renovar autoridades. Y anticiparon que el miércoles 9 presentarán los resultados del programa AL INVEST VERDE, junto a la OIT y la Unión Europea, que capacitó a más de 2.000 personas en sustentabilidad y transformación digital, y brindó asistencia técnica a empresas para la adopción de procesos productivos más verdes.
Argentina está entre los países que negocia una baja de aranceles con Estados Unidos
Argentina se encuentra entre los países que manifestaron su voluntad de revisar sus políticas comerciales ante la reciente ofensiva arancelaria de Estados Unidos, según afirmó este martes el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, durante una presentación ante el Senado.
Argentina se sumó al grupo que propuso reducir tanto aranceles como barreras no arancelarias, en línea con la política de reciprocidad promovida por la administración de Donald Trump.
Greer explicó que esta postura refleja el interés de varios gobiernos por evitar una escalada en las tensiones comerciales y mantener una relación estable con la mayor economía del planeta. En su exposición ante el Comité de Finanzas del Senado, sostuvo que «casi 50 países» se comunicaron con su oficina para explorar vías que permitan avanzar hacia condiciones comerciales más justas.
En ese contexto, destacó que Argentina, junto a India, Vietnam e Israel, mostró predisposición a acompañar la estrategia estadounidense flexibilizando sus propias restricciones. Estas declaraciones se produjeron pocos días después de que la Casa Blanca anunciara aranceles globales del 10% para países como Argentina, y más altos para regiones específicas como la Unión Europea o China.
La medida adoptada por Washington generó reacciones inmediatas en los países involucrados, mientras los mercados comenzaron a reflejar inquietud ante un posible escenario de recesión mundial. China, por ejemplo, respondió con medidas arancelarias similares y advirtió que enfrentará las políticas estadounidenses «hasta el final». Ante este panorama, varios países optaron por abrir canales de diálogo con el objetivo de reducir el impacto económico de esta ofensiva. Según funcionarios estadounidenses, Argentina integra ese grupo que ya analiza «opciones para evitar una confrontación directa».
Greer subrayó que el nuevo enfoque comercial busca corregir lo que el gobierno norteamericano considera una desigualdad estructural en el comercio global. Afirmó que el objetivo es reducir el déficit y reubicar la producción en suelo estadounidense, con la intención de revertir la pérdida de empleos industriales que, según dijo, se produjo en las últimas décadas. También responsabilizó a administraciones anteriores por permitir que potencias como China ganaran influencia incluso dentro de la Organización Mundial del Comercio.
Baja de impuestos a la importación de ropa y calzado
El Gobierno Nacional dispuso la reducción de los aranceles de importación de productos textiles, calzado, hilados y telas que habían sido fijados por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) hace 18 años.
A través del Decreto 236/2025, se reducen los aranceles de ropa y calzado, que pasarán del 35% al 20%; de telas, de 26% a 18%; y los distintos tipos de hilados de 18% a 12, 14 y 16%, volviendo a los aranceles previos a 2007.
En una comparativa con nueve países con PBI per cápita medio-alto (Inglaterra, España, México, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Brasil y Chile), Argentina es el país con la indumentaria más cara en la región.
Un relevamiento sobre productos de marcas internacionales reveló que una remera cuesta en Argentina 310% más que en España (sale 41 dólares en Argentina y 10 en España) y 95% más que en Brasil (la misma remera se consigue a 21 dólares). Otro ejemplo, una campera cuesta en el país un 174% más que en España (en Argentina vale 118 dólares y en España 43) y 90% más que en Brasil. La información se amplía en los cuadros adjuntos.
Este Decreto rectifica una suba de aranceles del MERCOSUR del año 2007, en la que se estableció un arancel más elevado, sujeto a los resultados de estudios posteriores que nunca se realizaron. Por eso, la medida sigue vigente desde hace 18 años, generando un impacto directo en el precio de la ropa.
Esta decisión se suma a los esfuerzos de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía durante 2024 para alentar la competencia y la baja de precios textiles en Argentina y la baja de la inflación.
En esta línea, se eliminó el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país, el estampillado de la mercadería, la obligatoriedad de pasar por el canal rojo normativo, la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) y las licencias de importación.