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La lucha por la cláusula gatillo es crucial en el contexto de la inflación galopante que enfrenta Argentina, donde los precios al consumidor han aumentado drásticamente, afectando el poder adquisitivo de los trabajadores, y más aún cuando la devaluación implementada este lunes por Javier Milei y Luis Caputo volverá a disparar los precios. Ya en 2024, la inflación acumuló un 117,8%, con sectores como vivienda, electricidad y combustibles experimentando incrementos aún mayores, lo que ha dejado a los salarios muy por detrás de los costos de vida.
La cláusula gatillo es una herramienta que permite la actualización automática de los salarios de acuerdo con la inflación mensual. Esto significa que si la inflación sube, los salarios también lo hacen en la misma proporción, evitando así que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. Medida que por supuesto es rechazada por gobiernos y empresarios, y que hay que imponer con la lucha.
Esto es vital para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente en un contexto donde las paritarias, es decir, las negociaciones salariales, han quedado rezagadas respecto a la inflación. En 2025, casi el 70% de las paritarias se han cerrado por debajo de la inflación, lo que significa que los salarios reales continúan cayendo.
Además de la cláusula gatillo, se proponen otras medidas complementarias. Entre ellas, un aumento de emergencia para salarios, jubilaciones y programas sociales, que asegure que nadie gane menos de lo que cuesta la canasta básica. También se busca la recuperación de lo perdido en los últimos años y el pase a planta de trabajadores contratados, tercerizados e informales. Son medidas de autodefensa urgentes, en el marco de un planteo más de conjunto por rechazar los planes del FMI, el gobierno y los grandes empresarios.
El contexto actual está marcado por un acuerdo con el FMI que, según se denuncia, busca flexibilizar el mercado laboral y recortar derechos, lo que podría empeorar aún más la situación económica de los trabajadores. Este acuerdo, que incluye reformas en jubilaciones y mayor apertura económica, es visto como un ataque directo a los derechos laborales y un agravante de la crisis económica.
La resistencia a estas políticas se ha manifestado en movilizaciones y paros generales, con un creciente malestar entre los trabajadores y sectores populares. La izquierda y el sindicalismo combativo están impulsando la organización y movilización para enfrentar estas medidas, proponiendo un plan de lucha que avance hacia una huelga general para derrotar los ataques del gobierno y el FMI.
En resumen, la cláusula gatillo es una medida esencial para proteger los salarios frente a la inflación, pero debe ir acompañada de un conjunto de políticas que aseguren la recuperación del poder adquisitivo y la defensa de los derechos laborales. La lucha contra las políticas de ajuste y la organización de los trabajadores son fundamentales para enfrentar la crisis económica y social que atraviesa el país.
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