El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negó a Lenia Batres el registro de la frase “Ministra del Pueblo” como marca comercial. La actual integrante de la Suprema Corte, impuesta por Morena sin experiencia previa como litigante, pretendía apropiarse oficialmente de un apodo más propagandístico que legítimo.
Pero ni el propio gobierno, a través del IMPI, se atrevió a respaldar semejante exceso. La solicitud fue rechazada, evidenciando que ni siquiera las instituciones afines están dispuestas a sostener el mito fabricado alrededor de Batres, una figura cuya credibilidad ha sido más decorativa que jurídica.
En su resolución, el IMPI señaló que el término “Ministra del Pueblo” podría generar confusión, al insinuar una legitimidad democrática que en realidad no existe.
Los ministros de la Corte son nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, no elegidos por el pueblo.
Por tanto, registrar esa frase como marca violaría disposiciones legales y constitucionales.
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Propaganda como estrategia, mentira como método
Batres presentó la solicitud en noviembre, buscando convertir el eslogan en una insignia oficial de uso exclusivo.
Una ministra sin votos, sin carrera judicial y sin experiencia en tribunales, queriendo blindar su apodo como si tuviera mandato popular.
El IMPI respondió con lo obvio: eso no es marca, es manipulación.
Y si algo necesita el Poder Judicial, es independencia institucional, no marketing político disfrazado de cercanía social.
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El INE también dijo no… y eso ya es decir mucho
Antes del IMPI, el INE ya había rechazado que Batres usara el título “Ministra del Pueblo” en procedimientos electorales.
Otra derrota simbólica para quien intenta construirse una legitimidad que no tiene. Porque el cargo que hoy ostenta no lo ganó en las urnas, se lo entregaron desde Palacio Nacional.
Una Corte bajo asedio ideológico
Este intento de registrar un apodo es otro capítulo en la estrategia obradorista de cooptar al Poder Judicial. Batres encarna la versión más burda: crear una narrativa populista, repetir “pueblo” y blindarla como marca registrada.
Pero esta vez no funcionó.
Ni el sistema de marcas quiso prestarse al juego de simulación.
La ministra no quiere servir al pueblo, quiere usarlo como escudo
Convertir un apodo en marca registrada no es cercanía, es propaganda con etiqueta legal. Es intentar hacer del “pueblo bueno” un capital simbólico… y venderlo como si fuera propiedad exclusiva de una funcionaria del régimen.
Y mientras tanto, el Poder Judicial sigue siendo erosionado desde adentro. Porque para la 4T no basta con manejar el presupuesto; también quieren adueñarse de las palabras, los símbolos y los títulos.
Pero en este intento, el “pueblo” les dijo que no… y la ley también. Porque aunque a Morena le incomode, ni el pueblo ni la justicia se registran como marcas, ni se reparten como propiedad del régimen.