El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado una decisión que ha generado un gran impacto en la opinión pública: la modernización y reapertura de la cárcel de Alcatraz después de más de 60 años de su cierre. Ubicada en una isla frente a la costa de San Francisco, California, esta prisión de máxima seguridad funcionó entre 1934 y 1963, albergando a algunos de los criminales más notorios de la historia estadounidense, como Al Capone.
Donald Trump ha justificado esta decisión como parte de su estrategia para combatir la delincuencia en Estados Unidos. Según sus declaraciones, la prisión será ampliada sustancialmente y estará destinada a albergar a los delincuentes más despiadados y violentos del país.
En su mensaje en la plataforma Truth Social, el mandatario expresó que “ya no toleraremos a estos delincuentes reincidentes que siembran el caos en nuestras calles”. La reapertura de Alcatraz no es solo una cuestión simbólica, sino que también responde a una política de endurecimiento contra el crimen.
Trump ha ordenado a la Oficina Federal de Prisiones (BOP) trabajar en conjunto con el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Interna y el FBI para garantizar que la prisión cumpla con los estándares de seguridad más estrictos.
Desde su cierre en 1963, Alcatraz se convirtió en una de las atracciones turísticas más visitadas de San Francisco. La prisión, que cuenta con una extensión de 2,01 kilómetros cuadrados, fue famosa por su ubicación aislada y por los intentos de fuga de algunos de sus prisioneros. Uno de los escapes más célebres fue el de Frank Morris y los hermanos Anglin, quienes lograron salir de la prisión en 1962, aunque su destino sigue siendo un misterio.
El cierre de Alcatraz se debió, en gran parte, a los altos costos operativos, que oscilaban entre 3 y 5 millones de dólares anuales. Sin embargo, Trump ha decidido invertir en su modernización, asegurando que será una instalación de máxima seguridad capaz de albergar a los criminales más peligrosos del país.
Implicaciones
La decisión de Donald Trump ha generado un intenso debate en la sociedad estadounidense. Mientras algunos sectores apoyan la medida como una forma de reforzar la seguridad, otros la consideran un retroceso en las políticas penitenciarias. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por las condiciones en las que serán recluidos los prisioneros y por el impacto que esta decisión podría tener en el sistema judicial.
Además, Trump ha sugerido que inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales podrían ser enviados a Alcatraz una vez que la prisión reabra. Esta declaración ha generado controversia, ya que algunos la interpretan como una medida extrema contra la inmigración ilegal.
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