Una fuerte controversia se desató en las últimas horas tras el anuncio del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, sobre la entrega de viviendas a miembros de las fuerzas federales en un complejo habitacional del Plan Procrear en Avellaneda. Las unidades ya habían sido adjudicadas a familias trabajadoras que participaron de los sorteos durante el gobierno anterior, y que ahora denuncian haber sido desplazadas sin previo aviso.
Entre los testimonios recogidos por C5N, se destacó el de Andrea, una mujer de 52 años, trabajadora, divorciada y residente de Avellaneda, quien expresó su dolor y frustración tras haberse enterado por redes sociales de que el departamento que le fue asignado sería entregado a otra persona. “Me robaron la ilusión”, declaró entre lágrimas.
Andrea relató con detalle el camino que transitó para poder acceder al crédito: “Me anoté en el sorteo del Procrear, tenía que cumplir con varios requisitos. Presenté mis recibos de sueldo, demostré que tenía residencia en Avellaneda desde hacía más de cinco años, y que no era propietaria de ningún inmueble”. Explicó también que la iniciativa estaba destinada a trabajadores con capacidad de pago y que no se trataba de un regalo: “Era la posibilidad de acceder a un crédito, no queríamos que nos regalaran nada”.
Embed – ESTAFA a 160 FAMILIAS beneficiarias del PROCREAR
El 23 de noviembre de 2023 fue la fecha en la que Andrea salió sorteada. Al día siguiente recibió la confirmación oficial y desde la Municipalidad comenzaron los trámites: le hicieron la verificación ambiental para comprobar que alquilaba y luego la citaron para entregar documentación. Todo parecía encaminado hasta el cambio de gestión nacional.
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, todo se paralizó. “Desde la Municipalidad me dijeron que había que esperar a que el nuevo Gobierno definiera qué iba a hacer con las viviendas. Después, por redes sociales, me entero de esto. No lo puedo creer”, expresó Andrea con visible angustia.
El complejo en cuestión, llamado Sagol, se encuentra en el partido bonaerense de Avellaneda y cuenta con más de 60 unidades. Todas ellas estaban en proceso de adjudicación a familias como la de Andrea. La decisión del Ejecutivo generó una ola de repudios y pedidos de explicaciones por parte de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.
En redes sociales, la medida fue calificada como “una estafa” y se multiplicaron las críticas contra Bullrich por lo que muchos entienden como una “usurpación institucionalizada” de propiedades que tenían asignación previa. Mientras tanto, los damnificados esperan una respuesta oficial y no descartan iniciar acciones legales.
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