A 10 días de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, el juez federal Daniel Rafecas, que subroga el juzgado que tiene a cargo la instrucción de la causa, encabezó una audiencia con familiares y querellantes para informarlos acerca de las novedades en el proceso, como parte de los encuentros que se llevan adelante cada seis meses para “monitorear” el progreso de las instalaciones del Palacio Barolo, el lugar donde está concentrada la documentación de la causa, y para evaluar el grado de accesibilidad de las partes a la prueba y a los documentos que tiene la fiscalía y la ex SIDE.
Fuentes judiciales confirmaron a PERFIL que en la audiencia que se llevó adelante durante la mañana en los tribunales de Comodoro Py participaron los fiscales Sebastián Basso y Pablo Ouviña por la UFI AMIA y Roberto Churba y Natalia D`Alessandro por la unidad AMIA del Ministerio de Justicia de la Nación. Por las querellas, estuvieron presentes el abogado Martín Alderete y Laura Ginsberg, de APEMIA; Rodrigo Borda, del CELS que representa a la agrupación Memoria Activa y Horacio Etcheverry, abogado del movimiento 18J. Como novedad se sumó al encuentro el defensor oficial Hernán Silva, que comenzará a ejercer como abogado en el juicio en ausencia que tiene previsto realizarse, aún sin fecha prevista. No participaron las querellas de las instituciones de la comunidad judía AMIA y DAIA.
Desde Tribunales informaron además que estas reuniones, que se hacían hasta ahora cada seis meses, se harán de manera trimestral porque consideraron “relevante y urgente avanzar en estos temas”.
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Estas audiencias que reúnen a las querellas comenzaron cuando la jueza María Eugenia Capuchetti estuvo a cargo de la subrogancia del juzgado. Ariel Lijo también encabezó algún encuentro. El último se había hecho en mayo pasado, hace más de un año. Una de las preocupaciones que se manifestaron en encuentros pasados fue la presencia de asbesto en los caños del Palacio Barolo, donde está alojada la documentación. En ese sentido, en la audiencia que tuvo lugar este jueves hubo un llamado de atención del juez al personal de la unidad fiscal por las obras pendientes en el Palacio Barolo, que no es adecuado para trabajar y eso demora la puesta a punto de los archivos con los cuales se hace necesario avanzar.
Las fuentes consultadas por este medio señalaron que el 4 de junio Rafecas ordenó a la SIDE que facilite acceso a la UFI AMIA de información histórica, de contexto. El organismo de inteligencia se viene negando a cumplir la petición. En la audiencia de este jueves se informó que el organismo que encabeza Sergio Neiffert continúa con la actitud reticente, por lo que se evaluaría citarlo.
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“Todo lo incumplido es grave pero ahora el contexto varió por la decisión del gobierno y de la justicia de permitir el juicio en ausencia, así que lo que antes era grave ahora es inexcusable. No se puede mantener esa actitud parsimoniosa y reticente. Si el gobierno y la justicia eligieron el juicio en ausencia, se debe avanzar con el material de inteligencia, no puede ser que el gobierno que se enarbola con la bandera del juicio en ausencia no pueda avanzar o no puede licitar las condiciones del palacio Barolo”, sostuvo una fuente ligada a la querella.
También se acordó solicitar a la Jefatura de Gabinete de la Nación para que convoque a una mesa de diálogo que ordena el decreto 213/2020 que ordena la desclasificación de archivos.
El juicio en ausencia es ley desde marzo
A fines de junio Rafecas informó que se habilitó el juicio en ausencia para la causa AMIA. Es la primera vez que se realizará un proceso de este tipo en el país, que tendrá como imputados a los acusados iraníes y libaneses, reclamados por el Estado argentino.
“Como juez, no pierdo de vista que esta es una situación excepcional. Que declarar la apertura del proceso en ausencia es una decisión que se toma en un marco atípico, inédito incluso. Pero también sé que este tipo de decisiones no suprimen las garantías ni el debido proceso. El trámite seguirá teniendo sus etapas, sus exigencias, sus evaluaciones. Y cada una será una nueva oportunidad para controlar lo hecho, revisar lo que falta, exigir lo que no se cumplió”, dijo Rafecas cuando informó sobre la realización del juicio.
En marzo se publicó en el Boletín Oficial la ley 27.784, sancionada por ambas cámaras del Congreso por impulso del oficialismo y con el apoyo del macrismo. La normativa modifica el Código Procesal Penal y permite desarrollar juicios en ausencia para delitos contemplados en el Estatuto de Roma –como genocidio o crímenes de lesa humanidad– o en la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Para la justicia argentina, el atentado contra la AMIA constituye un crimen de lesa humanidad.
Los iraníes que podrían ser juzgados
Un mes después, en abril, el fiscal Basso, le pidió a Rafecas que habilitara la realización de un juicio en ausencia por el ataque a la mutual de la calle Pasteur. Basso requirió el juzgamiento de Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.
Para que se pueda hacer un juicio en ausencia, el imputado debe estar en rebeldía y deben haber pasado cuatro meses al menos desde que la autoridad judicial dictó la captura nacional o internacional. Los primeros pedidos de captura los solicitó el juez Canicoba Corral en el año 2006 e incluía al ex presidente de Irán Akbar Hashemi Rafsanjani. El juicio en ausencia puede avanzar cuando los pedidos de extradición hayan sido denegados.
Las querellas de la AMIA y la DAIA apoyaron la posición del fiscal Basso de hacer un juicio en ausencia. En cambio, las querellas de Memoria Activa, APEMIA y 18 J se opusieron. Memoria Activa, en un texto publicado en redes sociales se preguntó cómo se convertirá la prueba de inteligencia en prueba judicial. “La propia SIDE se niega a colaborar con la causa y compulsar sus bases de datos históricas, tal y como obliga una orden judicial. Queremos una causa que no sea usada por políticos y funcionarios inescrupulosos, que actúan por intereses propios. De todo eso ya hemos tenido”, afirmaron en un comunicado.
APEMIA, por su lado, expresó su rotundo rechazo y dijo que la UFI-AMIA no avanzó con la investigación.
El atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos y más de 200 heridos. Fue el segundo atentado terrorista que sufrió la Argentina, tras la voladura de la embajada de Israel el 17 de marzo de 1992 que dejó 29 muertos y decenas de heridos.