El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional puso en marcha el proceso para privatizar Aysa.
En conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni informó que se transferirá el 90% de las acciones que tiene el Estado en la empresa de agua y saneamiento a capitales privados.
«El Gobierno tomó la decisión de iniciar el proceso privatización de AySA. De esta manera, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones en manos del Estado a través de un esquema mixto que combina licitación pública nacional e internacional», detalló el portavoz ante la prensa.
Aysa, en el top 5 de las empresas públicas con más déficit
Tal como señaló iProfesional, se trata de la empresa estatal cuya concesión del servicio abarca la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la provincia de Buenos Aires que integran el conurbano bonaerense.
Su servicio había sido privatizado durante el gobierno de Carlos Menem y concesionado a la empresa Aguas Argentinas SA, operada por el grupo francés Suez, pero en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner rescindió ese contrato y creó la empresa AySA, bajo control estatal.
Entre 2017 y 2018, durante la gestión de Cambiemos, se incorporaron al área de concesión de AySA nueve municipios del conurbano bonaerense, casi todos provenientes de la concesión de Aguas Bonaerenses SA.
Si se desglosa la cobertura con estas aclaraciones, como hacen los informes oficiales, se puede decir que desde la creación de AySA la cobertura de agua potable en el área de concesión original (CABA + 17 municipios) pasó del 76% en 2006 a 85% en 2022. Con este mismo criterio, la cobertura de cloacas pasó del 57% de la población en 2006 al 72,6% en 2022.
En la actualidad, el 90% del capital de la sociedad pertenece al Estado nacional, mientras que el 10% restante corresponde al personal a través de un Programa de Participación Accionaria.
Según el último dato disponible, la empresa tiene 7.488 empleados y un déficit de $117.000 millones, lo que la ubica en el cuarto lugar entre las compañías públicas con mayor déficit teniendo en cuenta además que su tarifa cubre el 61% de sus costos.
Sin embargo, la administración libertaria se tomará su tiempo para concretar esta operación con el objetivo de readecuar la estructura comercial y financiera de la sociedad para poder obtener fondos acordes a los que en el mileismo entienden adecuados para desprenderse de AySA.
En ese camino, se dio inicio al proceso de adecuación tarifaria aprobado mediante la Resolución Nº 9 de fecha 4 de abril de 2024 de la Secretaría de Obras Públicas, que depende del Ministerio de Economía y que busca lograr una estrategia de convergencia hacia el equilibrio económico financiero entre los costos operativos y de inversiones de mejora y mantenimiento y los ingresos por tarifa; lo que ha implicado una revisión de gastos operativos, de la inversión en mejora y mantenimiento y de la inversión en infraestructura de expansión del servicio.
El Gobierno busca poner la concesión en valor
En el mismo contexto, las autoridades de AySA admitieron que la empresa no se encontraba en condiciones de encarar el proceso de inversión en sus servicios como parte de los compromisos previstos en la planificación operativa y solicitaron la elaboración en forma conjunta, con la Agencia de Planificación (APLA) y con el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), de un «Plan de Acción de Transición» que establezca compromisos de prestación del servicio asequibles en función de los recursos disponibles, para lo que restaba del 2024 y para los ejercicios 2025 en curso y 2026.
Dicha estrategia fue plasmada en la Resolución 221/2025 del Ministerio de Economía que fue publicada en el Boletín Oficial del pasado lunes 14 de julio donde se recuerda que el artículo 66 del Marco Regulatorio de AySA establece que los Planes de Mejoras, Operaciones, Expansión y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM) tienen por objeto asegurar el mantenimiento, la mejora del estado, rendimiento, funcionamiento de los sistemas necesarios para la prestación del servicio.
La medida, que lleva la firma del secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, también resuelve la aprobación del plan para el período 2024 – 2026 y contiene un anexo de alrededor de 36 páginas en las que se describen todos los pasos que el gobierno nacional adoptará para poner en valor la concesión de AySa con el objetivo de mejorar sus servicios y poder privatizarla, se supone dentro de dos años.
La norma hace mención a un plan de obras e inversiones que arrancaron el año pasado y que finalizarán en el 2025 por alrededor de $753.000 millones, siempre como parte del bautizado «plan de tres pasos» pero oficialmente conocido como «Plan de Acción de Transición» elaborado por orden del presidente Javier Milei para reestructurar AySA.
Como resúmen ejecutivo, el anexo explica que la empresa ha emprendido un sendero de convergencia entre ingresos por tarifa y gastos operativos y de inversiones de mejora y mantenimiento, como parte de lo dispuesto por la Resolución. N° 9/24 de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.