En medio del debate por la reforma constitucional enSanta Fe y el impulso a proyectos de desarrollo energético y logístico en Argentina, organizaciones sociales y ambientales progresistas han redoblado sus esfuerzos por instalar una agenda denominada “ecosocial”, que busca incorporar en la nueva Constitución provincial una serie de principios orientados al ambientalismo radical.
Durante una intervención pública, la activista progresista Ana María Laurino expresó: “Queremos una constitución que promueva la sustentabilidad y el cuidado colectivo desde una perspectiva de justicia eco-social”, y llamó a “resignificar la habitabilidad de los territorios y propiciar la integración de las comunidades en armonía con la naturaleza”.
El discurso de Laurino se inscribe dentro de una retórica ambientalista extrema que retrata a todaactividad productivacomo parte de una supuesta “crisis ecológica de escala civilizatoria”, atribuida al avance del “extractivismo” y el “deterioro ambiental extremo”.
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En su intervención, la activista afirmó que la provincia de Santa Fe tiene “la responsabilidad histórica de construir una constitución que reafirme el horizonte de justicia social, ambiental, étnica, de género, económica y cultural”, una formulación ambiciosa que parece reunir todos los eslóganes ideológicos contemporáneos.
Como cierre, sostuvo que la naturaleza debe ser considerada sujeto de derechos, incluyendo “el agua, la tierra y los humedales”, en una propuesta que diluye las prioridades estratégicas del desarrollo nacional en un discurso cargado de consignas simbólicas.
Paralelamente, se viralizó en redes y medios afines al ambientalismo el despliegue de la misión científica “Talud Continental IV”, una expedición en el Atlántico Sur impulsada por el CONICET en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, con sede en California, EstadosUnidos.
La iniciativa fue celebrada por diversos actores del ámbito ecologista, que la utilizaron como plataforma para promover mensajes contrarios a la exploración petrolera en aguas profundas, una de las apuestas centrales del Estado argentino para diversificar su matriz energética y fortalecer su soberanía en materia de recursos naturales.
Desde La Derecha Diario se alertó que detrás del operativo comunicacional que rodea a la expedición científica existen intereses extranjeros que buscan desalentar el desarrollo offshore en el país. Esto se confirmó tras una publicación en redes sociales de la ONG “Mirá Socioambiental”, que participa activamente en la misión del CONICET.
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En una publicación en Instagram, la organización sostuvo: “El mar no se toca. Se cuida. Mientras científicos argentinos revelan la increíble biodiversidad del Cañón Submarino de Mar del Plata, las petroleras avanzan con proyectos offshore en la misma zona. No hay futuro con petróleo en el mar”.
El mensaje deja en evidencia el carácter político de una parte del ambientalismo argentino, que encuentra respaldo y legitimidad institucional en organismos del Estado como el CONICET, mientras articula posiciones que chocan con los objetivos estratégicos del país en materia energética.
En este marco, también se suma el rechazo al dragado del río Paraná, obra clave para mejorar la navegabilidad y competitividad del comercio exterior argentino. Sectores del ambientalismo han manifestado su oposición en nombre de la preservación de los ecosistemas fluviales, priorizando lo que denominan “bienes comunes” por encima de los intereses productivos o logísticos nacionales.
La creciente injerencia de ONG y organizaciones que promueven agendas internacionales, muchas veces financiadas desde el exterior, se configura como un actor cada vez más relevante en la escena política y discursiva del país, especialmente en temas vinculados al uso de recursos naturales, el ordenamiento territorial y la producción energética.