Mientras los médicos residentes del Hospital Garrahan cobran lastimosas retribuciones, marineros de buques pesqueros paralizan la actividad porque no quieren reducir los 14 millones de pesos mensuales de salario. Ambos casos son resultado de situaciones de larga data signadas por la irresponsabilidad.
En la pesca, sector que genera más de 22.000 puestos de trabajo directos a nivel comercial e industrial y más de 7000 artesanales, estos anómalos salarios se explican a partir de una irresponsable política salarial implementada hace ya varias décadas por algunos empresarios españoles. Las devaluaciones argentinas de entonces beneficiaban los costos de producción local, sumado a que los productos tenían precios de venta internacionales. Todo el producido de la pesca marítima (langostino, calamar, merluza, cangrejo, etc.) se ha destinado mayormente a exportación, con alta rentabilidad. A la vez, los empresarios españoles contaban con tasas de financiamiento desconocidas para el empresariado argentino: el 2% anual a 20 años. Esas condiciones permitían ceder a presiones sindicales mafiosas del entonces poderoso Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuyo jefe, Enrique Omar “Caballo” Suárez, muy amigo del matrimonio Kirchner, terminó embargado y tras las rejas algún tiempo por graves irregularidades.
En este contexto de “dinero para todos”, los empresarios españoles delegaban las negociaciones de paritarias salariales en cámaras dirigidas no por empresarios, sino por empleados que generaban cuestionables acuerdos con el sindicato. Todo este proceso espurio se interrumpió durante el breve lapso en que un gran empresario argentino, conocedor del sector, Alfredo Pott, estuvo al frente de la Cámara de Armadores Pesqueros. Pagó cara su intervención, ya que Pesquera Santa Elena, su empresa, sufrió el incendio de la planta en la que fabricaba kani kama, en Puerto Deseado.
Hoy son los mismos empresarios españoles, generadores de este desbarajuste salarial, quienes piden volver al equilibrio y la cordura. Necesitamos de empresarios pesqueros que tengan tanta valentía para tomar riesgos como responsabilidad, comprendiendo y asumiendo las consecuencias futuras de las decisiones del presente.
Sobre la pesca del langostino creció un conflicto entre sindicatos que derivó en amenazas de muerte a trabajadores dispuestos a suscribir acuerdos particulares con las empresas del sector. Hay una denuncia penal en curso, pues la violencia y la extorsión nunca serán el camino.
Es necesario un diálogo constructivo entre todos los sectores de la actividad pesquera. El país necesita que emerjan en el sector liderazgos nuevos y con la grandeza necesaria para barajar y dar de nuevo, planteando condiciones de oportunidad acordes con las nuevas realidades.