En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que salpica directamente a Karina Milei y a Eduardo «Lule» Menem, la mano derecha de Patricia Bullrich cuestionó la validez de los audios que iniciaron la causa judicial .
«El audio atribuido a Diego Spagnuolo está claramente armado y compaginado y —de ser real— ha sido obtenido ilícitamente», cuestionó Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional.
Y agregó: «Por lo tanto, es una prueba inválida. Toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula».
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Este no es el primer funcionario del Gobierno nacional que cuestiona la validez de uno de los elementos centrales que motivaron la apertura de la investigación. En este contexto, lo que aún no se termina de entender es por qué, si se trata de una operación política, se decidió desplazar de su cargo a Diego Spagnuolo.
Quién es Fernando Soto, la mano derecha de Patricia Bullrich
Fernando Soto es abogado penalista, actual director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, y mano derecha de Patricia Bullrich.
El funcionario cuenta con un historial mediático, especialmente recordado por haber defendido al policía Luis Chocobar, quien se hizo conocido por un caso de gatillo fácil en 2017, cuando disparó por la espalda y mató a un delincuente que había asaltado a un turista estadounidense en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde su llegada a la cartera de Seguridad, a partir de la asunción de Javier Milei, ocupó un rol relevante dentro de la estructura de Seguridad, lo que lo posiciona como una de las figuras más visibles del entorno de la ministra.
El 12 de marzo, en el marco de una de las marchas más importantes de los jubilados, en la que se hirió al fotógrafo Pablo Grillo, Fernando Soto volvió a estar en el centro de la escena pública por difundir en su cuenta de X un video de la barra brava de Racing, afirmando que iban a la movilización.
«Esto no fue una ‘protesta social’, fue un desembarco de violentos organizados por mafiosos que defienden sus negocios. Las ‘barras bravas’ son asociaciones ilícitas», expresó, junto a las imágenes de micros con hinchas y banderas, que en realidad correspondía a noviembre de 2022.
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