El Gobierno nacional difundió un informe sobre el ajuste en el empleo público que confirma la magnitud del recorte aplicado en los primeros 20 meses de gestión del presidente Javier Milei. Según la Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 se eliminaron 53.345 puestos de trabajo, lo que representa una reducción del 10,6% en la dotación total.
De acuerdo al documento, la medida implicó un ahorro anual estimado de 2.106 millones de dólares, al contabilizar tanto los sueldos como los gastos indirectos de infraestructura laboral —espacio de oficina, equipos, suministros y servicios— que duplican el costo salarial. “Esta política refleja el compromiso del Gobierno con la eficiencia y la austeridad en la administración pública”, señala el texto oficial.
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Caídas más fuertes en contratados y monotributistas
La poda se concentró en la Administración Pública Nacional (APN), donde el plantel de trabajadores se redujo un 15,1%, y en las empresas estatales, con un descenso del 18,5%. El informe destaca que los contratos bajo la Ley Marco (25.164) cayeron 22,1% y los acuerdos LOYS (monotributistas bajo Decreto 1109/17) se desplomaron 52,4%. En tanto, el personal de planta permanente y transitoria retrocedió 9,4%.
Los cálculos oficiales sostienen que el ahorro anual en sueldos de la APN alcanza los 1.053 millones de dólares, que al duplicarse por costos indirectos trepan a 2.106 millones. Dentro de ese total, los contratos de la Ley Marco representaron un ahorro de 256 millones en sueldos (512 millones con costos extras), mientras que en planta permanente y transitoria el número ascendió a 297 millones (594 millones incluyendo infraestructura).
Perspectivas del ajuste
El Ejecutivo adelantó que la estrategia de reducción de personal continuará en lo que resta del mandato, con foco en áreas que “no cumplan una misión esencial”. El informe concluye que la estimación es conservadora, ya que en el sector público los sueldos son menores al promedio del sector privado y, por lo tanto, los gastos adicionales en infraestructura podrían implicar un ahorro real incluso mayor al calculado.
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