Homo Argentum es un éxito. La película protagonizada por el gran Guillermo Francella y dirigida por la dupla Mariano Cohn-Gastón Duprat seguramente supere, antes de que termine septiembre, los dos millones de espectadores. En ese tiempo comenzará su carrera en alguna pantalla de streaming y volverá a repetirse el suceso.
En épocas de poco público en las salas y casi nula producción local, este film es casi un milagro.
La explicación habrá que encontrarla en su protagonista; en haber hallado el punto medio entre señalar la argentinidad del otro y reírse de defectos propios, y también, cómo no, en la inmejorable campaña que parte del kirchnerismo y del neoprogresismo le hicieron al producto con sus críticas despiadadas, sobregirando posiciones ideológicas.
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El corazón del film son breves viñetas donde se describen varias miserias del ser nacional, con la elección del clima de la ironía, el sarcasmo y el siempre corrosivo humor sobre lo que los argentinos podemos ser, para mal. Se suceden personajes como un fugaz presidente que no sabe dónde está, un cura villero que pide agradecer no desear celulares, un famoso acosado en un ascensor, un padre que oculta fortunas a sus hijos, un director de cine enfrentado a pueblos originarios, un argentino en el exterior que critica a su país y un vecino paranoico, entre otros.
El éxito es tal que, seguramente, los responsables estén pensando en una segunda parte. Y, si son observadores (que lo son), las últimas semanas de la vida pública del país les están dando ideas para completar otro menú de personajes notables de la argentinidad. La propuesta es la siguiente:
Un gobierno entra en crisis por la aparición de una grabación de un funcionario muy cercano a la cúpula máxima de la gestión, que llegó al poder con tres misiones: bajar la inflación, atender seriamente la ola de inseguridad (incluyendo piquetes eternos en el centro de la Ciudad) y terminar –o al menos combatir– la corrupción. El funcionario en cuestión habla con cierta calma en una grabación clandestina sobre el problema que tiene por haberse aumentado el peaje para poder vender remedios (muchos de alto valor agregado y para niños con discapacidades múltiples), pasando del 5% al 8%. Ese incremento en la posible coima se debe a la necesidad de transferir dinero a la hermana del Presidente y a su principal funcionario. La reacción de sus superiores y acusados fue echarlo de la función por haber sido involuntariamente grabado. No hubo pedido de explicaciones ni, mucho menos, llamado a una audiencia privada para que hable y se expanda en lo que denunció sin querer. Nadie se interesó en su queja, sino que se lo eyectó por su torpeza traicionera. Ahora, según se anunció, en pocos días más el propio oficialismo lo denunciará ante la Justicia por sus palabras; las que, otra vez, fueron dichas involuntariamente en una grabación clandestina de fines de 2024, que milagrosamente ve la luz la misma semana en que en el Congreso se trata una ley para atender la emergencia sanitaria en el rubro de la discapacidad, área que conducía el funcionario.
Por su parte, una indignada oposición peronista y kirchnerista embiste contra el funcionario y el Gobierno por el supuesto acto de corrupción. No se detiene, sin embargo, en que lo que se desprende de la filípica del grabado es que lo que hubo fue un aumento en los peajes, que pasaron del 5% al 8% del precio final.
Esto implica que en el pasado, antes del actual gobierno, teóricamente ya se pagaban coimas, solo que más baratas. Cabe recordar que el anterior gobierno era peronista kirchnerista, comandado por la dupla Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El primero vio cómo esta semana avanzaba su causa por haber golpeado a su exmujer en la quinta de Olivos, caso que se desprende de haber encontrado fotos comprometedoras, mientras se descubría otro potencial acto de corrupción vinculado al negocio de los seguros con el Estado. La exvicepresidenta directamente tiene prisión domiciliaria por delitos en su anterior gestión vinculados a una causa de corrupción en la obra pública, mientras se resuelven otros tres casos aún más comprometedores.
El funcionario grabado involuntariamente habría dado sus confesiones clandestinas en un almuerzo privado con personas de su confianza en el bar-restaurante-sala de eventos Petit Colón, famoso por su inigualable chocolate en vaso largo. Ubicado en pleno centro porteño, está a pasos del Palacio de Tribunales y rodeado de diferentes sedes judiciales de todo tipo y pelaje. Sus clientes son, entonces, abogados, jueces, secretarios de juzgado y toda la tribu del Poder Judicial de la Nación y sus circunstancias. Todos hombres y mujeres que alguna vez en su vida juraron defender la verdad y la justicia. Sin embargo, en ese ágape de noviembre o diciembre de 2024, un funcionario, exabogado del Presidente y rodeado de colegas, se despacha sin problemas sobre un acto de corrupción que, simplemente, se encareció.
Los pagadores de coimas serían, según la confesión grabada, los responsables de la droguería más grande del país. Una empresa de 102 años, con la tercera generación de la misma familia en su conducción, y con un código de ética que reza lo siguiente: “Se mantiene una política de tolerancia cero con respecto a los actos de soborno y corrupción. Cumplimos con todas las leyes contra el soborno y la corrupción en donde realizamos negocios, no solo porque es nuestro deber legal hacerlo, sino también porque apoyamos el compromiso que asumimos para llevar a cabo nuestro negocio con ética y honestamente”. Esta semana la empresa ratificó estos conceptos con un comunicado de tres párrafos concretos donde, entre otras cuestiones, se afirma que “en todo momento, y en particular frente a las circunstancias que son de público conocimiento, la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado, a fin de brindar toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación”. El comunicado fue además reproducido en redes, con likes incluidos, por varios de los funcionarios que están involucrados en la denuncia involuntaria del boca floja grabado en Petit Colón. Tanto el código de ética como el script exculpatorio de la droguería son tajantes y no dejan lugar a dudas: se trata de una empresa, en principio, seria, de pasado intachable y a disposición de la Justicia.
Sin embargo, sus responsables actuales son dos hermanos que viven en un barrio cerrado del más alto nivel socioeconómico del país. Sabían que iban a ser visitados por la Justicia desde un lunes y conocieron el allanamiento un viernes. Habiendo tenido tiempo para limpiar la escena, a uno de ellos se le encontraron unos 266 mil dólares y unos 7 millones de pesos en sobres de papel madera con curiosas inscripciones. Todo sin declarar y mientras abandonaba el barrio, alertado por la presencia de las fuerzas del orden. El otro hermano tuvo más suerte y se desterró a tiempo. Se sospecha que hubo alertas de la guardia de ingreso para que la fuga pudiera concretarse, ante el insistente y lento requisitorio de los agentes privados de ingresos que sostenían la barrera baja mientras preguntaban cuántos policías y agentes de seguridad iban en el auto oficial.
Si bien en su comunicado la droguería dice, afirma, jura y ratifica que se encuentra a disposición de la Justicia, aún los hermanos no entregaron las claves de sus modernos iPhones, lo que traba aún más la investigación judicial. No fue lo que hizo el funcionario, que entregó todos sus teléfonos móviles, abiertos y de cara al sol. Pero con una salvedad: con la mitad de los diálogos borrados.