El ex funcionario cordobés Raúl Costa enfrentará un nuevo proceso judicial por autorizar un loteo en Candonga en abierta contradicción con la normativa ambiental. La decisión fue tomada por el juez Pablo Agustín Cafferata, quien avaló la acusación presentada por la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Matías Bornancini. El expediente señala que Costa firmó una autorización en 2010 pese a que se trataba de una zona roja con máxima protección ambiental.
Costa fue condenado en 2023 por hechos similares en San Antonio de Arredondo y la sentencia quedó firme tras la confirmación del TSJ. En esa ocasión recibió tres años de prisión en suspenso, seis de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y la obligación de tareas comunitarias. Aquella condena lo convirtió en el primer funcionario alcanzado por un fallo del Fuero Anticorrupción y Penal Económico.
El nuevo juicio lo ubica otra vez en el debate sobre cómo los funcionarios deben proteger los recursos naturales de Córdoba. La causa se origina en el loteo impulsado por la empresa Ticupil SA, que buscaba urbanizar terrenos cercanos a la histórica capilla de Candonga. Las organizaciones sociales señalan que la resolución de Costa fue determinante para el avance de un proyecto inmobiliario claramente prohibido por la legislación vigente.
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Vecinos movilizados en contra de las obras
La Asamblea de Vecinos de Chavascate lleva más de una década reclamando contra la autorización irregular firmada por el ex secretario de Ambiente. Con el lema “Candonga no se toca”, los vecinos presentaron un amparo ambiental que reclama frenar las obras y reparar el daño generado. El abogado patrocinante, Juan Smith, insiste en que la empresa Ticupil SA sigue incumpliendo fallos judiciales y avanza en su emprendimiento.
En varias oportunidades, la justicia dictó medidas para frenar la construcción de viviendas y el desmonte de bosque nativo, pero los trabajos fueron retomados una y otra vez. La Asamblea sostiene que sin un castigo firme a los responsables políticos la amenaza sobre la zona persistirá.
El área afectada está dentro de la cuenca media alta del río Chavascate, reconocida por su valor ecológico y por la presencia de vegetación autóctona. Los vecinos denuncian que el loteo destruye el paisaje serrano y pone en riesgo los cursos de agua que abastecen a la región. Para ellos, la complicidad de funcionarios como Costa explica la fragilidad de los controles ambientales en Córdoba.
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Antecedentes de una condena previa
El antecedente más fuerte contra Costa es la condena que recibió en 2023 por autorizar urbanizaciones en San Antonio de Arredondo. Allí autorizó a Gama SA a intervenir en predios de la Reserva Recreativa Valle del Cóndor donde la normativa prohibía desmontes o construcciones. También aprobó sin evaluación de impacto ambiental un proyecto energético de Epec en la misma localidad, lo que agravó la acusación en su contra.
La Cámara 10ª del Crimen estableció que cometió dos hechos de “abuso de autoridad” y esa decisión fue luego confirmada por el TSJ. La resolución judicial marcó un precedente relevante porque estableció que los funcionarios deben responder penalmente si violan normas ambientales. Esa sentencia sentó las bases de lo que ahora será un nuevo debate judicial en torno a la responsabilidad pública de Costa.
Entre 2007 y 2011, período en el que ocupó el cargo, Costa firmó resoluciones que favorecieron proyectos inmobiliarios sin los estudios técnicos requeridos. La fiscalía asegura que esas decisiones violaron tanto la ley nacional de protección de bosques nativos como la legislación provincial. El nuevo juicio definirá si el ex funcionario recibe otra condena por haber permitido un loteo que nunca debió autorizarse.