La Legislatura porteña sancionó una nueva moratoria y cambios al régimen de mandatarios

Por otro lado, el nuevo marco propone un cambio en el cálculo de los honorarios que cobran actualmente los mandatarios judiciales. Para el caso de que la deuda equivalente en Unidad de Medida Arancelaria (1 UMA: $124.255) según ley 5.134 se ubique entre 0 a 1,70 UMA el honorario equivalente será de 0,5 UMA. Cuando se ubique entre 1,71 a 6,99 UMA equivaldrá a 1 UMA. En tanto que cuando supere las 7 UMA, podrá ser del 10% de la deuda, la cual no podrá ser inferior a 2 UMA. Y se podrá pagar en hasta seis cuotas.

Además, la AGIP no transferirá deudas a los mandatarios para que inicien el reclamo si no superan el mínimo de 7 UMA. Y el contribuyente no pagará más del 28%.

«Con estas modificaciones estamos dando mayor previsibilidad, más control y transparencia, además de mayores herramientas para la AGIP, siempre protegiendo los derechos del contribuyente», expresó Paola Michielotto, legisladora del PRO y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura.

Nueva moratoria en CABA

En el recinto también se discutió y aprobó el proyecto de ley del Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias. A diferencia del texto original enviado por el jefe de Gobierno en la primera mitad del año que establecía el alcance de la moratoria hasta el 31 de diciembre del 2024, en el debate se acordó incluir las deudas acumuladas hasta el 31 de agosto del 2025 y la ampliación del plazo de acogimiento hasta 90 días posteriores.

Entre los principales aspectos de la norma se destaca que el plazo de regularización será de hasta cuarenta y ocho cuotas, se contempla el levantamiento de embargos a los contribuyentes que normalicen su situación y la posibilidad de reformular los planes de facilidades vigentes. También se incluyó a la moratoria a las retenciones y percepciones no ingresadas oportunamente y la posibilidad de culminar con las acciones penales iniciadas.

La medida, impulsada por el gobierno de Jorge Macri, entrará en vigencia el lunes 3 de noviembre y abarcará a los impuestos Inmobiliario/ABL, Patentes, Ingresos Brutos, Sellos, Publicidad y otros tributos. El esquema contempla una condonación de intereses y punitorios con quitas de hasta el 100% según el plazo de adhesión al plan, brindando una oportunidad concreta para regularizar obligaciones tributarias en condiciones más favorables.

«Ambos proyectos persiguen un mismo objetivo que es fortalecer al Estado y cuidar al contribuyente. En el caso de la moratoria significa un verdadero alivio para los vecinos de la Ciudad con el que estamos generando una oportunidad concreta a quienes atraviesan momentos difíciles y quieren regularizar su situación. El texto es un trabajo colectivo con los distintos bloques», defendió Michielotto.

Para Lucio Lapeña, de la UCR, ambas iniciativas «permiten dar respuesta a una realidad concreta que atraviesan hoy miles de contribuyentes de la Ciudad que es cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias producto de la compleja situación económica que atraviesa el país», entre lo que mencionó a la caída del consumo y el ajuste en los salarios y las jubilaciones.

Claudia Neira, titular del bloque de Unión por la Patria, también destacó el trabajo del oficialismo y del resto de los bloques que permitió llegar a un texto de consenso. «Llegamos a esta moratoria porque hoy en CABA tenemos una situación crítica de los vecinos y vecinas por la situación económica, con PyMEs que se están fundiendo y personas que se les está haciendo difícil cumplir con sus obligaciones tributarias», dijo por lo que destacó la importancia de dar «un alivio» en este contexto.

Sin embargo, también apuntó contra el rol del Gobierno porteño al criticar la falta de acción ante la crítica situación de la actividad económica. «Lo que se hizo fue muy poco y a pesar de Jorge Macri, no a instancia ni en conjunto de él», expresó y calificó al jefe de Gobierno porteño de «un aliado de La Libertad Avanza» que, a pesar de que Nación «lo golpeó y humilló una y otra vez, se empecinó en arrodillarse como hizo el PRO».

Luego criticó al Ejecutivo por no construir las condiciones para que la ley se apruebe. «Para que hubiera moratoria, había que resolver el problema de los mandatarios, porque si le dabas al vecino la posibilidad de pagar en cuotas y le condonabas los intereses de la deuda, pero tenía que ir a pagar al mandatario que estaba realizando el reclamo de esa deuda, le resultaba imposible», fustigó. El intento de resolución de CABA vino por la vía de un decreto de Macri mediante el cual se intentaba modificar los honorarios, pero que fue judicializado. Ante eso, Neira valoró el rol de la Legislatura, que tomó la iniciativa para encontrar una solución consensuada.

A su turno, el legislador Reyes, autor de la iniciativa, también se sumó a los agradecimientos a sus compañeros del recinto por la contribución para la aprobación, en especial, según dijo, por la voluntad y capacidad para construir consensos que mostró el vicepresidente primero, Matías López, del PRO. «La moratoria era imposible de implementar si no cambiábamos el régimen de mandatarios», explicó en sintonía con la legisladora del peronismo.

Hasta ahora, la ley estimaba que si un contribuyente tenía dos deudas con AGIP podía recibir el reclamo de pago por parte de dos mandatarios, lo que obligaba a pagar dos honorarios. A partir de los nuevos cambios, la moratoria será resuelta a través de un único representante.

«A partir de ahora, nadie jamás sufrirá honorarios desproporcionados. AGIP deberá gestionar las deudas pequeñas de menos de 869.785 pesos. Los mandatarios gestionarán deudas más grandes y sus honorarios tendrán un tope en un 10%, con un mínimo de 248.510 pesos, que es menos del 28%, en el peor de los casos. Definitivamente se terminaron los honorarios que superan la deuda en tres y hasta cinco veces, y ponemos razonabilidad en la gestión de las deudas con la Ciudad. Garantizamos un equilibrio de los montos a pagar, quitándole el problema de encima al vecino y garantizando un honorario equitativo y digno para el profesional», concluyó Reyes.

Código Ambiental y empresas de residuos

En la sesión de este mediodía también se discutió y se aprobó con 41 votos afirmativos del peronismo, el PRO, CC, UCR y parte de LLA, entre otros, la creación de una Mesa de Trabajo para el Desarrollo del Código Ambiental, una propuesta impulsada por el legislador de Unión por la Patria, Alejandro Grillo, que busca subsanar una deuda de más de tres décadas del Estado porteño con la ciudadanía.

Pese a que la Constitución de CABA remarca que la aprobación del Código Ambiental es atribución del Poder Legislativo, en el tiempo transcurrido desde su sanción en 1996 hasta hoy no hubo avances. En 2023, el Juez Guillermo Scheibler del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13 declaró la inconstitucionalidad de la omisión de sancionar el Código y exhortó a la Legislatura a que lo subsane “a la mayor brevedad posible”.

La Mesa quedará conformada por catorce integrantes provenientes del Poder Legislativo local, el Poder Ejecutivo, técnicos especializados en medio ambiente, científicos y representantes de organismos vinculados al planeamiento ambiental, todos con carácter honorario:

• a) Tres (3) diputada/os de la Comisión de Ambiente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo asumir uno de ellos la coordinación de la Mesa de Trabajo.
• b) Dos (2) diputada/os de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• c) Tres (3) técnicos/as, profesionales, con formación sistemática y antecedentes de excelencia científica, técnica y especialización en temas urbanos y/o ambientales designados por las autoridades de la Comisión de Ambiente.
• d) Un (1) representante designado por el Subsecretario/a de Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• e) Un (1) representante del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE).
• f) Un (1) representante de la Agencia de Protección Ambiental (APRA).
• g) Un (1) representante del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental (CAPUAM).
• h) Dos (2) representantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los integrantes de la mesa de trabajo estarán encargados de programar y coordinar el proceso de elaboración del nuevo marco ambiental; de promover instancias de consulta y participación; evaluar la eficiencia de la legislación actual, realizar un diagnóstico de la situación ambiental porteña.

Sancionada la ley, deberán presentar en los próximos seis meses el relevamiento y las conclusiones a las que abordaron. Y antes de que transcurra el primer año tendrán que presentar el Código Ambiental. Las revisiones y actualizaciones posteriores deberán realizarse en un período no mayor a cinco años.

Tras la sanción, Grillo agradeció el compromiso de todos los bloques que aportaron al debate y a la aprobación. «Es una deuda que la distintas Legislaturas han venido teniendo, primero con el mandato constitucional y luego con la Justicia. Después de 30 años de autonomía, no contamos con un Código Ambiental», dijo y señaló que, a partir de ahora, la perspectiva ambiental «comienza a tener un camino de trabajo institucionalizado».

En la sesión también se puso a consideración el proyecto de ley de identificación de las empresas de recolección de residuos en CABA, empujado por el bloque del peronismo porteño. Con un total de 54 votos emitidos, todos los legisladores presentes, tanto de UP, el PRO, LLA, UCR y bloques de menor cuantía se pronunciaron afirmativamente.

Además, el peronismo logró aprobar una solicitud de informes al Ejecutivo de Jorge Macri referido a los procesos de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad con la droguería Suizo Argentina, involucrada en el escándalo de coimas conocido a partir de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que menciona como presunta beneficiaria de los pagos irregulares a la hermana del presidente, Karina Milei, y a su asesor, Eduardo «Lule» Menem.

Rechazos al veto de Milei

En el recinto porteño los legisladores no fueron ajenos a la coyuntura de la política nacional. El veto del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica (Garrahan) fueron motivos de repudio por parte de bloques de la oposición.

En horas de la noche y este jueves por la mañana, el jefe de Estado y sus ministros rubricaron los rechazos a las leyes aprobadas por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación, bajo el argumento del equilibrio fiscal y la protección de las cuentas públicas.

Reactivamente, la política porteña salió al cruce. La UCR, el Partido Socialista y Confianza Pública presentaron esta mañana en la Legislatura un proyecto de autoría del legislador Francisco Loupias para declarar un “enérgico repudio” contra la decisión del Ejecutivo nacional, calificada como un nuevo ataque contra el sistema educativo y de salud pública del país.

“Nuevamente con la política del presidente Milei se avasallaron los derechos consagrados por la Constitución Nacional y Pactos Internacionales de igual jerarquía”, denunciaron, al “cercenar los recursos y una política pública necesaria para el desarrollo y funcionamiento de ambos sectores tan golpeados desde que el mandatario asumió”.

El texto exhorta al Congreso a que “nuevamente rechace esos vetos” con el fin de “conformar una sociedad más equitativa en la que los trabajadores y trabajadores de la salud y educación, como así los argentinos y argentinas que recurren a ellos, puedan consolidarse en el marco de un real Estado de Derecho”.

“Estos dos vetos se dan después de que todo el pueblo conozca que le manotean guita a los discapacitados, después de que todo el pueblo se haya dado cuenta que Karina es una coimera y quieren venir a decir con algún grado de altura moral que estas leyes destruyen el equilibrio fiscal», se quejó el legislador de UP, Juan Pablo Modarelli. «¿Qué equilibrio fiscal?», se preguntó, «si lo único que están haciendo es sacar del Estado y dándose a los amigos. Eso no es equilibrio. Es robar para la corona como han hecho siempre”.

Ante la sumatoria de proyectos de declaración de repudio, Modarelli propuso modificar el orden del día incorporando un texto en común redactado por el bloque que conduce Claudia Neira. El pedido de alteración del tratamiento de la sesión fue acompañado por 32 votos favorables, que luego se repitieron a la hora de apoyar nominalmente la declaratoria contra los vetos. El PRO y La Libertad Avanza se manifestaron en contra.

Multas por maltrato animal

En el marco de la variopinta sesión de este jueves, el bloque Volver al Futuro logró la aprobación de una modificación del Régimen de Faltas (Ley 451) y el Código Contravencional de la Ciudad para aumentar las penas por maltrato y abuso contra los animales.

La iniciativa fue tratada a propuesta de Emmanuel Ferrario, exmiembro del bloque PRO y actual integrante del espacio de Horacio Rodríguez Larreta. «Estamos aprobando más herramientas para luchar contra el maltrato animal en la Ciudad. Estas basuras humanas que maltratan y abusan de los animales, ahora creemos que lo van a pensar dos veces», dijo.

A un costado de Ferrario, miraba atentamente Graciela Ocaña, su compañera de interbloque en Volvamos, quien asistió a la sesión en compañía de su perra Nina. «Hace poco fuimos testigos de los animales envenenados en Las Cañitas. No es una excepción. Este primer semestre hubo 700 denuncias en CABA y en los últimos 4 años hubo 11 mil«, continuó el legislador.

Las penas hasta hoy «eran irrisorias», dijo, ya que el maltratador apenas era castigado con un día de trabajo público. «Estamos aumentando las penas en términos económicos y en tiempo, subiendo los días de trabajo público, incluso en algunos casos en arrestos«, prosiguió y detalló que también se destinarán los fondos recaudados para programas de desarrollo animal y se creará un Registro de Maltratadores para los casos más graves, de abuso, de cría y de abandono.

Así, quien abandone un animal doméstico en espacios públicos, en lugares privados de acceso público o si fuese en ocasión de la intervención de una entidad pública de Zoonosis «será sancionado con multa de tres a cinco días de trabajo público y/o deberá abonar una multa de dos mil a cinco mil unidades fijas”. Dado que las UF actualmente se ubican en $798.51, el monto máximo podría ascender hasta los $4 millones.

En el caso de que deliberadamente se espante o azuce a un animal, sea poniéndolo en peligro o que se ponga en peligro a terceros, el agresor será sancionado con uno a tres días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos cincuenta a mil unidades fijas.

Tratamiento preferencial para la próxima sesión

En la próxima sesión, aún con fecha a confirmar, tendrán tratamiento preferencial el proyecto de ley de Región Metropolitana impulsado por el legislador radical Lucio Lapeña que propone “consolidar el enfoque metropolitano” que el Gobierno porteño le da a sus acciones “con la finalidad de lograr políticas públicas en conformidad con la Región Metropolitana que integra”.

De acuerdo a la propuesta, se entiende por dicha área a la conformada por la Ciudad y un conjunto de 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires, entre los que se encuentran Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.

Además de impulsar espacios de coordinación con la Provincia y las intendencias, también proponen generar y recopilar datos a través de un sistema de indicadores que sirvan de insumo para el diseño y la implementación de políticas públicas de alcance metropolitano.

También contará con tratamiento preferencial una propuesta de la legisladora de la UCR, María Inés Parry, que apunta a modificar la ley 6771 sobre deudores alimentarios incorporando al incumplidor en el Registro de Anotaciones Personales del Registro de la Propiedad Inmueble.

De acuerdo al texto que será tratado en el recinto, la anotación no tiene el efecto de una medida cautelar en sí misma, pero “constituye una señal de advertencia en el tráfico jurídico, afectando indirectamente la posibilidad de realizar ciertos actos registrales, como ventas o constituciones de derechos reales, y por tanto funciona como incentivo para el cumplimiento voluntario de la obligación alimentaria”.