A más de cuatro años del asesinato de Blas Correas, la investigación judicial que analiza las responsabilidades posteriores al crimen dio un paso clave. El fiscal Anticorrupción Franco Mondino requirió la citación a juicio de once funcionarios públicos —entre ellos el exministro de Seguridad Alfonso Fernando Mosquera, jefes policiales y agentes— por presuntos delitos cometidos durante las horas y los meses siguientes al asesinato ocurrido el 6 de agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba.
La investigación se inició a partir de una orden expresa incluida en la sentencia que condenó a los policías responsables del homicidio y del encubrimiento inicial, dictada por la Cámara Octava del Crimen de Córdoba.
Ese fallo no solo impuso penas, sino que abrió la puerta a un segundo análisis: qué hicieron —o dejaron de hacer— otros funcionarios policiales y políticos mientras el caso avanzaba. Concluida esa parte de la investigación, Mondino resolvió llevar a juicio cinco hechos y archivar otros tres antecedentes remitidos por el tribunal.
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Entre los acusados sobresalen nombres de peso político e institucional. Además del exministro Mosquera, figura también al exsubsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica, Lucas Sebastián Mezzano, hoy integrante del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad. Ambos fueron acusados por ofrecimiento de dádivas. Como contraparte aparece el comisario mayor retirado , Gonzalo Leonardo Cumplido, imputado por admisión de dádivas.
Según la acusación fiscal, Mosquera y Mezzano entregaron a Cumplido un Toyota Corolla, con seguro y combustible, mientras se investigaba el crimen policial. El vehículo, siempre de acuerdo al requerimiento, fue otorgado en un contexto sensible, cuando la actuación de la fuerza estaba bajo escrutinio público y judicial.
Cumplido enfrenta además una imputación más grave: encubrimiento por omisión de denuncia agravado. La Fiscalía sostiene que conocía que los policías que dispararon contra Blas Correas plantaron un arma para desviar la investigación y que, pese a ello, no realizó ninguna denuncia.
Otro capítulo central del requerimiento apunta a la conducta de los agentes que estuvieron en el lugar del ataque. Siete policías fueron citados a juicio por abuso de autoridad, acusados de no auxiliar a Blas cuando estaba gravemente herido durante el control vehicular en la intersección de Chacabuco y Corrientes. Según la acusación, no brindaron asistencia ni facilitaron su traslado al Hospital de Urgencias, en violación a la Ley de Seguridad Pública. Entre ellos se encuentran Norberto González, Emmanuel Alejandro Fachisthers, Natalia Soledad Márquez, Melisa Janet Escalante, Ezequiel Daniel Eduardo Henot, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza. Márquez, además, fue imputada por lesiones leves calificadas por haber pateado a Camila María Toci durante un palpado preventivo.
El requerimiento también alcanza al exdirector del Centro de Comunicaciones y Videovigilancia, Víctor Rubén Di Stéfano, acusado de abuso de autoridad por haber autorizado el ingreso de jefes policiales a la sala de cámaras para observar las imágenes del crimen en sus distintas secuencias.
Al mismo tiempo, Mondino archivó tres antecedentes: la situación de la exjefa policial Liliana Zárate Belletti, al considerar que no existió delito en relación con la portación de armas de uno de los condenados; la supuesta falta de contención psicológica a las familias, por inexistencia de normas específicas; y la investigación sobre Ana Becerra, ya analizada por otro fuero.
Aún queda un tramo sin definición: la imputación por violación de medios de prueba contra siete policías, actualmente bajo estudio del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
Con este requerimiento, el Caso Blas Correas II se encamina a una instancia clave. Ya no se discute quién disparó, sino cómo reaccionó el Estado cuando el daño estaba hecho y la verdad empezaba a incomodar.