La iniciativa, conocida como ‘ley hojarasca’, busca eliminar cerca de 70 normas que han perdido vigencia práctica, desde regulaciones anacrónicas hasta organismos que dejaron de funcionar.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, conocido como ‘ley hojarasca’. El objetivo es eliminar aproximadamente 70 normas que, aunque siguen vigentes, han perdido utilidad con el paso del tiempo o por avances tecnológicos.
Desde el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, se sostiene que la iniciativa apunta a simplificar el marco legal y reducir cargas innecesarias sobre el Estado y la sociedad. El proyecto se basa en un principio constitucional: lo que no está prohibido, está permitido, por lo que muchas leyes resultan redundantes.
Entre los casos más llamativos se encuentran regulaciones consideradas anacrónicas, como la exigencia de un carnet de mochilero para hacer dedo o normas que autorizaban la transmisión de televisión en color. También se incluyen leyes que nunca tuvieron aplicación efectiva, como una que obligaba a registrar palomas mensajeras, o que permitían la detención por no portar dicho carnet.
El paquete de derogaciones incluye normas con contenido considerado inconstitucional o contrario a derechos actuales, como aquella que penalizaba a ciudadanos por promover sanciones contra el Estado o la que permitía internaciones compulsivas por enfermedades como la lepra.
Asimismo, se proponen derogar regulaciones superadas por avances tecnológicos, como normas sobre microfilmación en organismos públicos o sobre emisiones televisivas, que quedaron sin sentido frente a la digitalización.
La iniciativa también tiene un componente de ajuste del gasto público. Propone eliminar el financiamiento estatal a entidades como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, trasladando su sostenimiento al ámbito privado. Además, prevé la eliminación de premios financiados por el Estado, como el Premio Nacional a la Calidad, argumentando que la eficiencia debe ser reconocida por el mercado.
El proyecto apunta a disolver comisiones, fondos y organismos que dejaron de operar o que duplican funciones dentro de la estructura estatal, muchas creadas décadas atrás. Según el Gobierno, gran parte de estas leyes nunca fue reglamentada o perdió vigencia práctica, generando un ‘ruido normativo’ que complica la gestión y la seguridad jurídica.