Dos médicos del servicio de Anestesia fueron imputados en una causa que indaga el faltante de propofol y su presunta utilización fuera del ámbito asistencial. La Justicia descartó, por ahora, la figura de narcotráfico.
La investigación judicial por el faltante de propofol en el Hospital Italiano derivó en un expediente que expone prácticas bajo la lupa. La causa avanza sobre el presunto acceso irregular y consumo de medicamentos fuera de todo control médico. En ese contexto, dos profesionales del servicio de Anestesia quedaron imputados y fueron llamados a indagatoria.
Según informaron fuentes judiciales, los imputados son Hernán Boveri, anestesiólogo de planta, y Delfina Lanusse, residente de tercer año, quienes fueron indagados el 18 y el 25 de marzo, respectivamente. En el marco de la investigación, se dispuso la prohibición de contacto entre ambos y la prohibición de salida del país.
Durante su indagatoria, Boveri optó por no declarar, mientras que Lanusse realizó un descargo verbal y anticipó que también lo presentaría por escrito. Según las fuentes, la residente hizo referencia a cuestiones personales y buscó presentarse como víctima, aunque ese planteo no aportó elementos sustanciales vinculados al eje central del expediente.
En paralelo a la investigación, se difundieron audios que generaron repercusión pública. Sin embargo, las fuentes judiciales aclararon que esas grabaciones no forman parte de ninguno de los expedientes, ya que mencionan hechos no denunciados formalmente y no integran la prueba judicial en curso.
El expediente, iniciado el 23 de febrero, apunta a determinar cómo medicamentos anestésicos de uso exclusivo hospitalario fueron sustraídos y utilizados fuera del ámbito asistencial. Se ordenaron allanamientos y se dispusieron restricciones para evitar la reiteración de las conductas investigadas.
La causa aún no fue formalmente caratulada, aunque —según la evaluación preliminar— podría encuadrarse en la figura de hurto, con una pena máxima de dos años, o, de manera más probable, en la de administración fraudulenta, que prevé penas de hasta seis años de prisión.
De acuerdo a lo que consta en las denuncias, el caso abarca un posible esquema de consumo de anestésicos fuera del acto médico, sin indicación clínica ni monitoreo. También se mencionan episodios que involucrarían a médicos en formación, con énfasis en la asimetría jerárquica dentro del sistema de salud.
Respecto a versiones que circularon, las fuentes fueron categóricas: no está acreditada la realización de fiestas sexuales, sino reuniones en domicilios privados en las que, según la investigación, habría existido intercambio o autosuministro de ese tipo de medicamentos.
En paralelo, la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, hallado sin vida hace menos de 72 horas cuando comenzó la pesquisa, continúa bajo investigación como averiguación de muerte dudosa. Ese hecho fue el disparador que permitió detectar prácticas que, según los denunciantes, se desarrollaban sin controles adecuados.