Un informe sobre el presupuesto abierto revela que 34 de las 80 acciones de la Secretaría de Educación no registraron ejecución financiera en el primer trimestre del año, incluyendo programas clave como comedores escolares y compensación docente.
El presupuesto abierto del Estado refleja la inversión en ochenta acciones que lleva adelante la Secretaría de Educación para cumplir con sus programas vigentes. Del total, 34 no presentaron ejecución presupuestaria en el primer trimestre del año, y otras cinco registran números muy cercanos a cero.
Entre las áreas afectadas se encuentran los comedores escolares, dependientes del programa Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas. Para este ítem, el Gobierno proyectó una inversión total de $173 mil millones, destinada a proveer infraestructura, materiales o insumos a unas 12 mil instituciones. Sin embargo, no se registró ejecución de esos fondos asignados en el período analizado.
El Programa Nacional de Compensación Docente, que cuenta con $26.424 millones para transferencias a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de mejorar salarios docentes iniciales en zonas con desigualdades, tampoco ejecutó recursos en el primer trimestre, según los datos del presupuesto abierto.
Dependientes del programa de Educación Superior, las actividades de Desarrollo de Institutos Tecnológicos de Formación Profesional (con $11.310 millones) y de Fortalecimiento de la Extensión Universitaria (con $4.830 millones) tampoco registraron movimientos presupuestarios.
El Plan Nacional de Alfabetización, presentado recientemente por el presidente Javier Milei, muestra ejecución en seis de sus doce acciones. Algunos rubros dentro de este plan experimentaron recortes en sus asignaciones durante el año en curso. La formación docente para alfabetización pasó de un presupuesto inicial de $14.818 millones a $5.792 millones. Para la compra de materiales educativos, los $18.352 millones presupuestados se ajustaron a $6.816 millones. Las acciones complementarias para el fortalecimiento del plan mantienen los $7.000 millones asignados, pero no se ejecutaron en el primer trimestre.
Los programas dirigidos a garantizar la terminalidad educativa vieron reducido su presupuesto inicial de $3.000 millones a $1.854 millones, sin que estos fondos se hayan devengado en el período.
Según análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la reducción acumulada del gasto público primario nacional en los últimos 26 meses equivale a 10,4 puntos porcentuales del PBI. El informe señala que el 91% de esa baja se destinó a financiar la reversión del déficit fiscal y la generación de superávit.
La situación de baja ejecución presupuestaria no es exclusiva del área educativa. Otros ministerios, como el de Justicia, presentan porcentajes de ejecución inferiores al 16% del presupuesto anual, con once de sus treinta acciones sin gasto registrado, incluyendo partidas relacionadas con la reparación a víctimas de trata.