El Fondo de Servicio Universal (FSU), que supera los $26.000 millones, es eje de un debate entre el ENACOM y las pequeñas empresas del sector. Mientras el organismo busca modificar el esquema de asignación para mejorar la eficiencia, las PyMEs reclaman una ejecución más ágil para cerrar la brecha digital en el interior del país.
El mercado de las telecomunicaciones en Argentina enfrenta un debate en torno a la inversión en infraestructura y la ejecución de fondos públicos destinados a reducir la brecha digital. En el centro de la discusión se encuentra el Fondo de Servicio Universal (FSU), que acumula recursos significativos mientras el despliegue de redes continúa siendo desigual en el territorio nacional.
Aunque el Decreto 6/2025 disolvió el fideicomiso que administraba el fondo, la obligación de las operadoras de aportar el 1% de su facturación bruta se mantiene vigente. Este mecanismo genera un flujo constante de ingresos que, para 2025, proyecta programas por más de $22.000 millones orientados a conectividad y barrios populares integrados en el RENABAP. A estos recursos se suma una disputa por deudas pendientes que superan los $4.500 millones, incluyendo montos reclamados por la Auditoría General de la Nación (AGN) a Telecom y Telefónica, más intereses.
La situación genera un escenario de tensión entre el Estado y los principales operadores. Desde las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del sector surge una crítica directa. Lucio Gamaleri, presidente de Red Intercable, advirtió en un panel moderado por el subsecretario de Simplificación, Héctor Huici, que los fondos del FSU «no están disponibles para su uso efectivo» y reclamó un esquema que priorice su ejecución. Gamaleri propuso avanzar hacia modelos de complementariedad entre operadores para sostener la competencia y garantizar el acceso a servicios en todo el territorio.
Para las PyMEs y cooperativas, la falta de ejecución del FSU impacta directamente en la expansión del servicio en zonas donde los grandes operadores no invierten. Su postura, respaldada por referentes como Federico Fornelli (ATVC) y Ariel Graizer (CABASE), pone en juego la supervivencia de un ecosistema diverso frente a la concentración del mercado.
Desde el ENACOM, el enfoque apunta a modificar el esquema histórico de asignación de fondos. El organismo busca dejar atrás los Aportes No Reembolsables (ANR) y avanzar hacia un sistema basado en préstamos con repago y evaluación crediticia, como la reciente adquisición de obligaciones negociables por $10.000 millones para financiar PyMEs TIC. El objetivo oficial es mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Sin embargo, este cambio genera resistencia en el interior del país, donde muchas empresas advierten que los requisitos crediticios pueden limitar el acceso al financiamiento en regiones con escasa inversión privada.
La brecha digital sigue siendo evidente. Mientras los centros urbanos avanzan hacia velocidades superiores, amplias zonas del interior dependen de que estos fondos se traduzcan en infraestructura concreta. En contraste, empresas como Telecom y Claro avanzan con planes de modernización de redes y despliegue de fibra óptica en áreas estratégicas.
La disputa con el Estado se mantiene abierta, ya que tanto Telecom como Telefónica sostienen haber cumplido con sus obligaciones regulatorias, lo que mantiene en discusión los más de $4.500 millones reclamados. El Gobierno intenta resolver el conflicto a través de nuevos planes de pago, sin una definición concreta hasta el momento.
El volumen de fondos en juego es significativo. En 2025, el ENACOM amplió partidas por $6.000 millones para conectividad general, $16.000 millones para barrios populares y $74 millones para redes comunitarias. Sumando estos montos a los recursos por regularización de deudas, el total alcanza los $26.574 millones. El desafío para la gestión de Héctor Huici consiste en equilibrar la mejora en la eficiencia y transparencia con el reclamo de las PyMEs que exigen la activación inmediata del FSU.