La Justicia ordenó allanamientos en domicilios vinculados a la médica Chantal Leclercq, en el marco de la causa por la muerte del profesional. Se secuestraron dispositivos electrónicos para su análisis.
La investigación judicial por la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, ocurrida el pasado 20 de febrero en su departamento del barrio de Palermo, registró un avance significativo. En las últimas horas, la Justicia ordenó allanamientos en dos domicilios vinculados a la médica Chantal Leclercq, cuyo nombre figura en el expediente por sus vínculos personales con los protagonistas de la causa.
Los procedimientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y en el barrio privado Santa Bárbara, en Tigre. Las autoridades lograron secuestrar dispositivos electrónicos, incluidos un teléfono celular y una tablet, que ya se encuentran bajo análisis pericial. El objetivo es recolectar evidencia y reconstruir el contexto comunicacional y personal previo al fallecimiento del médico.
La causa, caratulada como averiguación de muerte dudosa, corre en paralelo a la investigación por el robo y consumo recreativo de fármacos anestésicos en el Hospital Italiano, donde Delfina Lanusse y Hernán Boveri enfrentan cargos formales. Lanusse y Leclercq estuvieron presentes en el departamento de Zalazar junto a otras personas al momento en que la hermana del médico y su pareja ingresaron al lugar con una copia de las llaves.
Uno de los puntos que analiza el fiscal Eduardo Cubría junto al juez Santiago Bignone es la manipulación de los dispositivos electrónicos hallados en la escena. Un testigo declaró haber visto a Leclercq manipular el teléfono celular de Zalazar cuando aún estaban dentro del departamento. Desde la Justicia aclararon que, por ahora, no existen pruebas de que el aparato sufriera alteraciones o borrado de información. El teléfono de la víctima está bajo peritaje, mientras que el de Leclercq permanece inaccesible por falta de clave, una circunstancia considerada habitual en estos procesos.
En cuanto a los elementos hallados en el departamento, la Justicia confirmó la presencia de ampollas de propofol y midazolam. Se desestimó la presencia de ketamina, un dato que había circulado en versiones iniciales. La trazabilidad de estos fármacos es otro eje central del caso, aunque los investigadores reconocen obstáculos significativos para su seguimiento, dada la gran distribución de los lotes.
El análisis toxicológico para determinar las causas exactas del deceso sigue pendiente. Mientras tanto, el equipo judicial aguarda el informe técnico del teléfono del médico, previsto para la próxima semana, el cual podría aportar datos sobre sus últimas comunicaciones. Este resultado es considerado vital para esclarecer la secuencia final de los eventos y su posible conexión con el circuito ilegal de anestésicos bajo sospecha.