Presentada por las congresistas María Elvira Salazar y Verónica Escobar, la iniciativa busca otorgar un estatus legal renovable a personas indocumentadas con arraigo, sin ofrecer una amnistía directa. El proyecto incluye medidas de control fronterizo y se autofinancia mediante un impuesto específico.
El 15 de julio del año pasado, un equipo bipartidista encabezado por las representantes María Elvira Salazar y Verónica Escobar presentó una versión renovada de la Ley de la Dignidad (H.R. 4393). El proyecto tiene como propósito regularizar el estatus de migrantes indocumentados con gran arraigo en Estados Unidos.
El Programa Dignidad alcanzaría a personas que estaban en EE.UU. antes del 31 de diciembre de 2020. Esta propuesta, a diferencia de otras, no brinda una amnistía ni un camino directo hacia la ciudadanía, sino un estatus legal que puede renovarse. Los requisitos esenciales, según los puntos oficiales del proyecto, establecen que, una vez completado un periodo de 7 años, los participantes pueden solicitar el “Estatus de Dignidad”, que les permite permanecer en EE.UU. indefinidamente con autorización laboral, siempre que mantengan una buena conducta legal.
La Ley Dignidad también propone un control operativo total de la frontera sur mediante una estrategia que incluye tecnología avanzada y recursos adicionales. Además, el proyecto incorpora el Dream Act, que otorga a los jóvenes llegados en la infancia un estatus condicional por 10 años, con una vía hacia la residencia permanente basada en trabajo, servicio militar o educación superior.
Otro aspecto destacado es la priorización de la fuerza laboral nacional mediante el Fondo del Trabajador Estadounidense (EWF). Financiado con los pagos de restitución de los inmigrantes (estimados en US$70.000 millones), este fondo se destinará a capacitar a trabajadores estadounidenses en oficios de alta demanda. “Por cada participante del Programa Dignidad, se capacitará a un trabajador estadounidense“, detalla la propuesta.
Uno de los puntos más destacados por la congresista Salazar es que la implementación de la ley se autofinancia. Los costos de infraestructura fronteriza y procesamiento se cubrirán mediante un “Impuesto de Infraestructura Migratoria” del 1% sobre el salario de quienes reciban permiso de trabajo bajo el programa. Se estima que esto no solo cubrirá los gastos, sino que también ayudará a reducir la deuda nacional.