Mientras el Presidente Javier Milei continúa su gira por Israel, en el ámbito local se suceden desarrollos legislativos y judiciales que involucran a distintas fuerzas políticas y figuras del oficialismo y la oposición.
El intendente y senador bonaerense Mario Ishii presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires. En el texto, sostiene que el gobierno de Axel Kicillof tiene «la obligación jurídica de intervenir» ante la situación social.
En el ámbito judicial, el Gobierno tiene la posibilidad de moldear la estratégica Cámara Federal de la Capital Federal, un tribunal clave en casos de corrupción, ante la generación de tres vacantes. Paralelamente, la Justicia porteña avanzó con declaraciones indagatorias en una causa iniciada tras una denuncia del diputado Sebastián Pareja contra tuiteros, un caso que generó tensiones internas en La Libertad Avanza.
En el Senado, el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, perfila como una figura clave para la definición de más de 300 vacantes en el Poder Judicial, en un proceso donde su alineación con el oficialismo es destacada.
Por otro lado, el Ministerio de Salud envió al Senado un proyecto que modifica los principales puntos de la ley de emergencia en discapacidad sancionada el año pasado, reabriendo un debate de alto costo político.
En otro orden, la legisladora porteña Graciela Ocaña solicitó la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud en la Obra Social de Choferes de Camión (Oschoca), tras una publicación periodística sobre transferencias millonarias a fideicomisos vinculados a la familia del líder sindical Hugo Moyano.
Finalmente, en Chaco, el fiscal general Carlos Amad solicitó el procesamiento del exgobernador y actual senador nacional Jorge Capitanich, junto a la exfuncionaria Marta Soneira, por delitos de fraude y lavado de activos en una causa por la cesión de tierras. La decisión final recae en el juez Fernando Carbajal.