A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, el programa 287(g) de colaboración entre ICE y autoridades locales genera debate en las ciudades sede de Estados Unidos por su posible impacto en inmigrantes y visitantes.
Quedan menos de dos meses para el primer partido del Mundial 2026 en Ciudad de México. Con 11 sedes en Estados Unidos, se ha generado debate sobre el programa 287(g), la iniciativa de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) que permite delegar la labor de los oficiales federales de inmigración a las autoridades estatales.
El programa 287(g) permite otorgar a los oficiales locales autoridad federal de inmigración. Con esta estrategia, la agencia federal mejora la colaboración con las fuerzas del orden estatal. “ICE reconoce la importancia de sus relaciones con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las agencias estatales, locales y tribales, para llevar a cabo su misión fundamental”, destaca la organización en su sitio web.
El funcionamiento del programa se basa en los Memorandos de Acuerdo (MOA) firmados por ICE y las agencias de seguridad interesadas, y opera bajo tres programas principales. El programa genera dudas por su aplicación en las sedes anfitrionas del Mundial 2026. Entre las zonas con acuerdos activos se encuentran el condado de Miami-Dade (Miami) y el condado de Tarrant (Dallas/Fort Worth).
A pesar de que agrupaciones sin fines de lucro solicitaron suspender las redadas durante el evento, funcionarios de ICE declararon que la agencia iba a desempeñar un “papel clave” en la seguridad del Mundial. “ICE es una parte fundamental del dispositivo de seguridad general para la Copa Mundial. Estamos comprometidos con la seguridad de esa operación y con la seguridad de todos nuestros participantes y visitantes”, expresó Todd Lyons, director interino saliente de la agencia, en diálogo con The New York Times.
Para mitigar el impacto, más de 120 grupos de la sociedad civil emitieron el pasado 23 de abril una advertencia de viaje que destacaba que los aficionados, periodistas y jugadores podrían correr el riesgo de “sufrir graves violaciones de derechos humanos”. “La FIFA ha fingido defender los derechos humanos mientras se congraciaba con la administración Trump, lo que pone en riesgo a millones de personas y las expone a la violación de sus derechos fundamentales”, declaró Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Y agregó: “Las acciones abusivas de la administración Trump amenazan a nuestras comunidades, turistas y aficionados por igual, y ya es hora de que la FIFA utilice su influencia para impulsar cambios políticos significativos”.
De igual modo, se propusieron leyes como el “Save the World Cup Act”. Este paquete legislativo busca evitar que la policía local con acuerdos 287(g) realice funciones de inmigración durante el torneo.