El debate por una posible reforma de la Ley de Salud Mental reavivó la discusión sobre las internaciones no voluntarias. Especialistas alertan sobre el riesgo de retrocesos en derechos y piden fortalecer dispositivos comunitarios.
La discusión por una posible reforma de la Ley de Salud Mental volvió al centro del debate público, con foco en los cambios sobre internaciones involuntarias. En diálogo con Radio Punto a Punto, la psicóloga y docente Jaschele Burijovich advirtió sobre los riesgos de avanzar en modificaciones que, según planteó, podrían implicar “más control y más encierro” en un contexto de creciente malestar social.
“Nos parece que hayan intentado volver a reformar la Ley de Salud Mental ahora, es muy poco oportuno”, señaló la especialista, quien vinculó la iniciativa con el contexto político actual. Además, sostuvo que el debate se da en un momento donde “hay un malestar psicológico creciente”, respaldado por estudios recientes en Córdoba.
Uno de los ejes centrales de la discusión es la internación no voluntaria. Sin embargo, Burijovich aclaró que este mecanismo ya está contemplado en la normativa vigente desde 2010. “La Ley de Salud Mental ya prevé las internaciones involuntarias”, explicó. En ese sentido, detalló que estas intervenciones pueden aplicarse cuando existe “riesgo cierto para sí o para terceros”, pero remarcó que deben ser una medida excepcional y con garantías. “Es una privación de la libertad de las personas”, subrayó, al tiempo que insistió en la necesidad de resguardar derechos.
Otro punto de conflicto es la posibilidad de vincular la salud mental con problemáticas sociales, como la situación de calle. Sobre esto, fue contundente: “Que la gente no tenga vivienda o no tenga trabajo no puede ser un causal de internación en salud mental”.
En paralelo, Burijovich expuso datos sobre el aumento del malestar psicológico en la población. Según relevamientos del Observatorio, este indicador creció incluso por encima de registros de los años 90. “Tenemos más malestar psicológico que en los 90”, afirmó. El estudio no mide enfermedades psiquiátricas, sino percepciones vinculadas a la vida cotidiana. “Estamos hablando de sentirse triste, deprimido, de no poder prever el futuro”, explicó. Entre los factores asociados, mencionó el desempleo, la pobreza y la precarización laboral. “Las personas desempleadas tienen más malestar psicológico, al igual que quienes trabajan en negro”, agregó.
Frente a este escenario, la especialista cuestionó el enfoque de la reforma. “Pretender una reforma que avala más el encierro, nos parece que va en la línea contraria a lo que se debería hacer”, sostuvo. Como alternativa, planteó la necesidad de fortalecer dispositivos comunitarios. “Generar más equipos que estén en los barrios que puedan acompañar estas situaciones”, concluyó.