A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, el Ejecutivo nacional creó el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, que asigna un porcentaje de los ingresos por venta de inmuebles del Estado y privatizaciones al Ministerio de Defensa.
El Gobierno nacional creó el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino y definió nuevas fuentes de financiamiento para modernizar las Fuerzas Armadas. La medida se formalizó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y apunta a fortalecer las capacidades operativas, actualizar equipamiento y desarrollar infraestructura estratégica en el sistema de defensa.
El decreto establece un esquema de asignación de recursos que combina fondos provenientes de la administración de bienes del Estado y de procesos de privatización. Según surge del texto oficial, el objetivo es revertir el deterioro del equipamiento militar y mejorar la capacidad de respuesta ante escenarios de riesgo, tanto en el plano interno como en el internacional.
La norma dispone que el 10% de los ingresos generados por la venta, cesión o uso de inmuebles estatales sea destinado al Ministerio de Defensa. En los casos en que esos bienes hayan estado previamente bajo la órbita de esa cartera, el porcentaje asignado asciende al 70%. Estos recursos deberán financiar programas vinculados al reequipamiento, la modernización tecnológica, la infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
A su vez, el decreto fija que un 10% de los fondos obtenidos por privatizaciones de empresas con participación estatal también será redirigido al área de Defensa. De acuerdo con la normativa, la asignación busca ampliar la capacidad de inversión en el sector sin alterar el equilibrio fiscal ni reemplazar otras herramientas ya existentes.
En ese sentido, el Gobierno aclaró que los recursos previstos en la medida serán complementarios al Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado como instrumento de financiamiento plurianual. La nueva fuente de ingresos, según se detalla, estará orientada a cubrir necesidades más inmediatas y a acelerar los procesos de modernización.
“El escenario internacional contemporáneo, en el que existen múltiples conflictos geopolíticos latentes, presenta nuevas modalidades de amenazas, incluyendo acciones asimétricas, ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares en el espacio aéreo y exige un proceso continuo de modernización del equipamiento y de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas”, indicó el Gobierno en el decreto.
Entre los factores mencionados para fundamentar la determinación se incluye el desarrollo de nuevas tecnologías militares, el uso de inteligencia artificial, los ciberataques y otras modalidades de conflicto que exigen capacidades actualizadas. También se advierte sobre la necesidad de fortalecer el control de espacios marítimos y aéreos, en función de la extensión territorial del país y la existencia de recursos naturales estratégicos.
Además, el texto señala que las Fuerzas Armadas cumplen funciones de apoyo en emergencias, como inundaciones o incendios, lo que requiere contar con los elementos adecuados. Como parte del plan, el Estado Mayor Conjunto deberá presentar en un plazo de 90 días un informe con los requerimientos de carácter urgente en materia de equipamiento, infraestructura estratégica y recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional.
El DNU fue firmado por Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La medida se dictó bajo la figura de decreto de necesidad y urgencia, por lo que deberá ser analizada por la Comisión Bicameral del Congreso, encargada de evaluar su validez y elevar un dictamen para su tratamiento legislativo.