El gobierno de Donald Trump avanza en su iniciativa para revocar la ciudadanía de inmigrantes que obtuvieron la documentación estadounidense mediante engaños o cometieron crímenes graves. El Departamento de Justicia presentó al menos 12 casos en cortes federales.
El gobierno de Donald Trump avanza en su iniciativa para revocar la ciudadanía de inmigrantes que obtuvieron la documentación estadounidense. El proceso de desnaturalización apunta a quienes el gobierno señala por obtener su estatus mediante engaños o quienes hayan cometido crímenes de extrema gravedad.
Según la información divulgada por CBS News, el Departamento de Justicia (DOJ) de la administración Trump introdujo un mínimo de 12 casos en cortes federales. Los registros incluyen a personas nacidas en países como India, Nigeria, Bolivia, China, Colombia y Uzbekistán. Los funcionarios federales afirman que estas personas ocultaron datos importantes en sus peticiones o cometieron delitos graves antes o después de adquirir la ciudadanía estadounidense.
El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó en una entrevista que la medida busca desincentivar el fraude en el proceso de naturalización. Según el funcionario, el objetivo expresado por la administración es garantizar que quienes cometen actos fraudulentos para obtener la ciudadanía estadounidense enfrenten consecuencias. “Aquellos que obtuvieron su estatus de forma legal no tienen motivos de preocupación”, aseguró en una entrevista con CBS News.
Dentro de los objetivos mencionados en la presentación de casos judiciales, aparecen perfiles con antecedentes penales y casos de fraude documental. Según los documentos citados por el medio, la lista incluye a un sacerdote de origen colombiano condenado por abuso sexual y a un inmigrante somalí vinculado al apoyo de grupos terroristas. También figura el caso de Manuel Rocha, el exdiplomático que admitió su labor como espía para el gobierno de Cuba.
El 26 de marzo de 2026, en un comunicado oficial, el DOJ expuso otros casos que apoyan la intensificación de las políticas de desnaturalización. Entre ellos se encuentra Mirelys Cabrera Díaz, una cubana residente en Florida a la que le fue retirada la ciudadanía por haber sido condenada por fraude contra el sistema Medicare, y Vladimir Volgaev, un ucraniano señalado de encubrir su implicación en una red de contrabando de armas. Asimismo, el gobierno comenzó a tomar medidas contra Alec Nasreddine Kassir, un inmigrante de Líbano acusado de haber conseguido la naturalización a través de un matrimonio fraudulento y de proporcionar datos falsos durante el proceso migratorio.
Cabe destacar que esta iniciativa representa un aumento en el uso de una herramienta legal que durante muchos años fue infrecuente en el país. CBS News destaca que, entre 1990 y 2017, el gobierno presentó apenas 300 casos de desnaturalización, con un promedio de 11 por año. La periodicidad de los anuncios indica que el DOJ modificó su política y busca aumentar las cifras de estas revocaciones. Si un juez de un caso se pronuncia a favor del gobierno, la persona involucrada pierde los privilegios de la ciudadanía estadounidense y vuelve a su condición legal anterior, que normalmente es la de residente permanente. En esas circunstancias, si existen motivos penales, la persona está expuesta a ser deportada del territorio de EE.UU.