La incertidumbre sobre el futuro migratorio afecta cada vez más a quienes dependen de DACA y TPS en Estados Unidos. Frente a demoras sin precedentes en las renovaciones y controles adicionales, es clave actuar con previsión para evitar la pérdida de derechos adquiridos.
La primera recomendación fundamental es iniciar el proceso de renovación o reinscripción entre 120 y 150 días antes del vencimiento del estatus migratorio. El aumento de los tiempos de procesamiento, que alcanza actualmente los cuatro o cinco meses en muchos casos, obliga a anticipar cualquier trámite. Un paso clave es revisar frecuentemente el caso en la página de Estatus de Caso en Línea del USCIS y consultar los Tiempos de Procesamiento oficiales para identificar posibles atrasos específicos.
En caso de que el expediente supere los plazos habituales, es esencial someter una consulta formal a través de la cuenta en línea de USCIS (e-request) o comunicarse con un agente. Si la demora genera consecuencias graves, como la pérdida de empleo o el riesgo de quedar fuera de estatus, se aconseja contactar a un representante local en el Congreso, ya que estas oficinas pueden interceder directamente ante la agencia migratoria.
Para los beneficiarios de TPS amparados por litigios, como ocurre con El Salvador o Haití, resulta crucial verificar si existen extensiones automáticas del permiso de trabajo consultando la tabla de extensiones en el portal oficial del USCIS. Dado el entorno migratorio cambiante y la complejidad de los procesos, recurrir a un abogado certificado por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) o a un representante acreditado por el Departamento de Justicia es una medida prudente antes de tomar decisiones extraordinarias.
El impacto de las demoras se refleja en el notable incremento de los tiempos de espera. Mientras que en años previos la renovación de DACA podía resolverse en unas dos semanas, actualmente las esperas superan los cinco meses para muchos solicitantes. La sección de Tiempos de Procesamiento del USCIS confirma este aumento, que deja a miles de beneficiarios en una situación de alta vulnerabilidad.
Este fenómeno se atribuye principalmente a la implementación de nuevos controles de seguridad y a la obligatoriedad de verificaciones biométricas. Organizaciones como el National Immigration Law Center han elaborado informes detallando las causas de estos retrasos inusuales, mientras que medios especializados como Factchequeado han advertido sobre la falta de extensiones automáticas para el programa DACA, agudizando la incertidumbre en la comunidad de “Dreamers”.
La demora en el procesamiento tiene consecuencias inmediatas y graves. Al vencer el plazo sin resolución, los beneficiarios de DACA pierden su autorización de trabajo y, en muchos casos, la licencia de conducir, lo que crea un limbo legal y los expone al riesgo de deportación. El miedo y la ansiedad se han convertido en el estado emocional predominante para quienes dependen de este programa. Ejemplos como el de Melani Candia, quien perdió su empleo y teme ser detenida en el país donde ha vivido desde los seis años, ilustran el drama humano detrás de las estadísticas.
La falta de una decisión a tiempo implica que miles de personas quedan sin ingresos y con la amenaza constante de ser expulsadas de Estados Unidos, a pesar de haber construido allí su vida durante décadas. “No se trata solo de anécdotas; está ocurriendo a una escala mayor de la que jamás habíamos visto”, advierte Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream.
La respuesta institucional ante este escenario ha sido variada. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha justificado los retrasos alegando una revisión y verificación más exhaustivas de todos los extranjeros, política intensificada bajo la administración Trump. Legisladores como el senador Alex Padilla han remitido cartas al gobierno cuestionando los excesivos tiempos de espera y el trato hacia quienes quedan fuera de estatus.
En los primeros once meses de 2025, más de 250 beneficiarios de DACA fueron arrestados y 86 deportados, cifras que el Departamento de Seguridad Nacional atribuye en su mayoría a antecedentes penales, aunque sin detallar la naturaleza de los delitos. Otras fuentes reportan cifras aún más altas, como 270 arrestos y 174 deportaciones en solo nueve meses. Esta situación se agrava por una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, que determinó que el estatus DACA por sí solo no es suficiente para frenar una deportación.
Uno de los factores clave detrás de la extensión de los plazos es la reanudación de las citas biométricas, suspendidas durante la pandemia, lo que ha ralentizado aún más el proceso. Además, el USCIS ha paralizado renovaciones para solicitantes procedentes de decenas de países considerados de “alto riesgo” tras nuevas proclamaciones presidenciales. Según estimaciones del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, entre 3.000 y 4.000 personas podrían resultar afectadas por esta medida indefinida.
Frente a este panorama, los beneficiarios recurren a la revisión diaria del estatus de sus expedientes y buscan alternativas legales para minimizar el riesgo de deportación. El temor a perderlo todo, el desarraigo y la incertidumbre marcan el día a día de quienes dependen de la renovación de DACA y TPS para permanecer en Estados Unidos.