El canciller boliviano, Fernando Aramayo, alertó sobre una serie de hechos que, según afirmó, afectan la institucionalidad y los derechos fundamentales del país.
Bolivia denunció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que las protestas y huelgas en La Paz y otras regiones contra el Gobierno y la falta de políticas frente a la crisis económica «amenazan el orden democrático» y vulneran «los derechos» de la ciudadanía.
«El Estado Plurinacional de Bolivia desea alertar, con profunda preocupación, sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo», afirmó el ministro de Exteriores, Fernando Aramayo, en una videollamada con el Consejo.
El canciller sostuvo que «desafíos que afectan la estabilidad institucional de un Estado miembro merecen la atención y el acompañamiento de la comunidad interamericana». Hacia el final de su intervención, solicitó una misión internacional de embajadores de la OEA para verificar la situación política y social en Bolivia.
Aramayo aseguró que las manifestaciones «exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política» y están orientadas a «generar desestabilización institucional, debilitamiento del Gobierno y alteración del orden democrático». Agregó que el Ejecutivo «reconoce y respeta plenamente el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la participación política, pilares de toda sociedad democrática y valores fundamentales del sistema».
El ministro criticó los bloqueos de carreteras, indicando que las dificultades en la circulación afectan al abastecimiento de alimentos, combustibles, oxígeno y medicamentos, y representan una «vulneración deliberada de los derechos» de los bolivianos.
La Comunidad Andina (CAN) expresó su «preocupación por la situación política y social» de Bolivia e instó a que «las diferencias existentes sean encauzadas dentro del marco constitucional y democrático». En un comunicado, señaló que «la Presidencia Pro Tempore (en manos de Ecuador) y la Secretaría General consideran fundamental que la actual coyuntura sea abordada mediante un diálogo político constructivo, amplio y pacífico, que permita generar consensos y preservar la estabilidad institucional, en pleno respeto del Estado de Derecho y de las autoridades democráticamente electas».
La CAN manifestó preocupación por las «acciones y hechos que vienen generando perturbaciones en el normal desarrollo de la vida institucional y en la provisión de servicios esenciales en Bolivia» e hizo un llamamiento a todas las partes a «actuar con responsabilidad y prudencia, privilegiando el entendimiento, la cooperación y los mecanismos institucionales democráticos para superar la actual coyuntura».
Manifestaciones y bloqueos han ocurrido en las últimas semanas en Bolivia. La Policía boliviana anunció que habilitó un corredor para liberar al menos 70 cisternas cargadas con gasolina y diésel retenidas en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata, en El Alto, para distribuir combustible a estaciones de servicio de La Paz y El Alto, según el diario ‘La Razón’. Las movilizaciones incluyen a indígenas, campesinos y sindicalistas que han llegado a asediar La Paz para exigir la dimisión del presidente, Rodrigo Paz. La coyuntura registra cuatro muertes y más de un centenar de detenidos.