Un recorte cercano al millón de dólares en el programa que coordina la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) ha generado incertidumbre entre familiares de víctimas y organismos de derechos humanos en Chile. El gobierno de José Antonio Kast asegura que el Plan Nacional de Búsqueda continuará.
Santiago de Chile, mayo (EFE).- Un recorte cercano al millón de dólares en el programa que coordina la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) ha generado incertidumbre entre familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos en Chile. La reducción presupuestaria afecta al programa que aloja el Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa impulsada en 2023 para la conmemoración de los 50 años del golpe militar y que busca esclarecer el destino final de las víctimas de desaparición forzada.
Mónica Monsalves, desde Cerro Chena, lugar donde fusilaron a su padre en 1973 y donde se realizan excavaciones para buscar un posible cementerio clandestino de la dictadura, declaró a EFE: «Tenemos una incertidumbre tremenda porque no sabemos qué va a pasar con la búsqueda de nuestros familiares, este es un Gobierno que no da esas garantías».
Paola Tognola, que también busca desaparecidos en Tocopilla, en el norte del país, señaló: «No tenemos claridad de qué va a pasar el próximo año. Si bien nos dicen que tengamos tranquilidad, tenemos el temor de que nos comiencen de nuevo a cerrar las puertas».
Margarita Romero, presidenta de la Agrupación de Familiares de Colonia Dignidad, afirmó que los dos primeros meses de este nuevo Gobierno «evidencian un proceso de desmantelamiento progresivo de las políticas de verdad, justicia y memoria, claras señales que configuran un preocupante nuevo ciclo de impunidad que vuelve a dañar a las víctimas y sus familias».
El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, negó esta perspectiva en declaraciones a EFE y afirmó que el Ejecutivo ha sido «enfático» respecto de la continuidad del Plan y que se coordinan diligencias con el Poder Judicial. «Sabemos que es una política de Estado que debemos apoyar», sostuvo.
Las críticas también crecieron tras la reciente liberación de un exagente de la policía política de Pinochet, César Manríquez, condenado por la desaparición forzada de 86 personas, torturas sistemáticas y una ejecución. Manríquez, que acumula 57 sentencias por persecución y asesinato de opositores políticos, se benefició de un fallo dividido de la Corte Suprema que aceptó liberarlo por una supuesta «enajenación mental».
Francisco Ugas, jefe jurídico de Estudio Caucoto Abogados, declaró que el caso «evidenció falencias metodológicas graves en informes médicos utilizados para justificar beneficios judiciales». Ugas afirmó que «cuando existen sospechas de simulación o antecedentes técnicos insuficientes, el organismo debe recurrir y agotar todas las instancias. Existen señales que ponen en duda la continuidad de programas fundamentales para la investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad».
Hasta abril de 2026, la Unidad de Programas de Derechos Humanos (UPDH), dependiente del estado, participaba en 430 causas criminales.
El gobierno de Kast ha generado preocupación adicional por los vínculos de algunos de sus ministros con el exdictador. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, integró el equipo jurídico que defendió a Pinochet en el juicio por la Operación Colombo y en el Caso Riggs. El ministro de Defensa, Fernando Barros, actuó como abogado y vocero de Pinochet durante su detención en Londres en 1998. En una entrevista reciente, Barros afirmó: «¿Qué justicia reparatoria va a haber cuando usted tiene un viejito que está gagá (senil)? Eso ya más bien no es justicia, es venganza.»