Los trabajadores del complejo turístico estatal en Córdoba fueron desvinculados a menos de un mes de que se autorizara la enajenación del predio. El mismo proceso avanza en el hotel de Chapadmalal.
CÓRDOBA.- El Gobierno nacional despidió a los 40 empleados que se desempeñaban en el complejo turístico de Embalse, en la provincia de Córdoba, a menos de un mes de haber habilitado su venta. Los trabajadores incluían personal contratado y permanente. El mismo proceso está en marcha para el hotel de Chapadmalal, en las cercanías de Mar del Plata.
Mediante el Decreto 322/2026, emitido a comienzos de este mes, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) fue autorizada a “disponer, enajenar y/o transferir” 10 propiedades del Estado nacional, entre ellas el complejo de Embalse. La medida tiene como objetivo “eficientizar el rol del Estado y ahorrar los costos y gastos”.
El intendente de Embalse, Mario Rivarola, declaró a la FM 102.9: “Desde la Capital Federal les importa muy poco las familias que trabajan. Estoy muy triste y enojado”. Afirmó que se enteró de los despidos por los propios trabajadores y agregó: “Es una lástima lo que están haciendo, desperdiciando una inversión histórica. Dieron de baja 25 contratos y 16 pasaron a disposición”.
Los complejos de Embalse y Chapadmalal fueron construidos durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón. El predio de Embalse, ubicado en el Valle de Calamuchita, tiene 654 hectáreas sobre la costa del Embalse del Río Tercero. Inaugurado en 1951, cuenta con siete hoteles, 51 bungalows, una capilla, un centro administrativo, un centro asistencial, piscinas y edificios auxiliares.
En Chapadmalal, los empleados de la Unidad Turística advirtieron como inminente la oficialización de 58 despidos. El complejo lleva más de un año sin prestar servicios y el Gobierno nacional anticipó que buscará un operador privado. Hay trabajadores con más de 30 años de antigüedad.
El año pasado, la Secretaría de Turismo y Ambiente, a cargo de Daniel Scioli, transfirió ambos complejos a la AABE luego de que fracasara una prueba piloto para que el turismo social fuera “autosuficiente” con tarifas más altas. En su resolución, Scioli declaró la “innecesaridad” de las unidades y destacó la emergencia pública en materia administrativa, económica y financiera.
Dado que ambas unidades turísticas se ubican en tierras expropiadas y declaradas patrimonio histórico cultural, la venta solo es posible si está en manos de la AABE, única habilitada para vender propiedades estatales.