Gabriel Mizzau aceptó su responsabilidad y se convirtió en imputado colaborador en la causa contra el exmagistrado Marcelo Bailaque, quien está cada vez más cerca de un juicio oral.
ROSARIO.– La audiencia en la que se define si el exjuez federal Marcelo Bailaque va a juicio oral por connivencia con el narcotráfico comenzó con un anuncio. Gabriel Mizzau, el contador que trabajaba para las empresas del narcotraficante Esteban Alvarado y que al mismo tiempo manejaba las cuentas personales del magistrado que debía investigar al jefe criminal, aceptó una condena y se presentó como imputado colaborador.
Mizzau es el tercer arrepentido que aporta información contra Bailaque. Según lo indicado por fuentes judiciales, revelará cómo creció a nivel patrimonial el exmagistrado, que actualmente se encuentra detenido en su domicilio.
La novedad se produjo durante la audiencia de la Cámara Federal de Rosario, presidida por el vocal Aníbal Pineda. El fiscal jefe de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias, informó que Mizzau había suscripto horas antes un acuerdo pleno en el que reconoce su culpabilidad, con pena definida y a homologar más adelante, además de un convenio de colaboración como imputado en el marco del artículo 41 ter del Código Penal, que admite el aporte de información relevante a cambio de una reducción de la pena.
Esta causa se originó después de que el 11 de junio de 2024 se revelara que Bailaque compartía contador con el jefe narco que debía investigar, y que, además, el hijo de Mizzau había ingresado a trabajar en el juzgado federal N°4, a cargo del exmagistrado, que tenía a su cargo una pesquisa por lavado de dinero contra Alvarado. Esta revelación provocó que los fiscales comenzaran a investigar a Bailaque.
“Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos y la calificación jurídica”, declaró Iglesias. La audiencia de control de acusación contra Mizzau fue declarada abstracta, ya que el acusado admitió su responsabilidad.
Mizzau estaba acusado de lavado de activos por haber prestado asesoramiento contable al entramado societario que montó Alvarado desde 2014. Las empresas Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia y Edra funcionaban como pantallas del narco. Con esas empresas legales, el jefe criminal pretendía blanquear su economía. La primera condena contra Alvarado fue en el fuero provincial.
Mizzau firmó los balances, gestionó habilitaciones municipales y nunca hizo reportes de operaciones sospechosas, mientras llevaba las cuentas al juez que tenía en sus manos la causa contra Alvarado. En la nota de 2024, Bailaque reconoció que Mizzau era su contador, pero que desconocía que asesorara a la par al narcotraficante.
A partir de esa publicación, la situación de Bailaque comenzó a desmoronarse. El Consejo de la Magistratura aceleró la investigación. En noviembre de 2024 se formalizó la investigación penal. El 30 de abril de 2025, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz le dictó la prisión preventiva por 90 días, con la salvedad de que no podía hacerse efectiva mientras conservara los fueros.
Bailaque fue acusado de prevaricato, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos. Presentó su renuncia en junio de 2025, y el gobierno de Javier Milei la aceptó el 30 de ese mes. A partir del 1° de julio, Bailaque quedó detenido en su domicilio.
Mizzau no es el primero en colaborar. Antes lo hizo Carlos Vaudagna, extitular de ARCA en Rosario, que en marzo de 2025 se presentó como arrepentido y admitió que en una cena en el quincho de Bailaque se había planificado el armado de una causa falsa contra el empresario Claudio Iglesias. También Fernando Whpei, titular del Grupo Unión, se plegó a la figura de colaborador. Sus revelaciones comprometen a Bailaque en el manejo irregular de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín.
Con tres arrepentidos que declaran en su contra, los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari presentaron en febrero de 2026 tres acusaciones formales y solicitaron una pena de 10 años de prisión, cinco de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, cinco de inhabilitación absoluta y multas. En el escrito, calificaron las conductas atribuidas a Bailaque como “un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.
El capítulo más grave de la acusación contra Bailaque se vincula con su actuación en la causa contra Alvarado. En 2013, la Policía de Seguridad Aeroportuaria presentó informes que señalaban al narco y a su socio Luis Medina. El entonces fiscal Marcelo Di Giovanni pidió intervenciones telefónicas. Bailaque las rechazó o las demoró hasta once meses. Recién en 2019, cuando Alvarado ya había sido detenido por fiscales del fuero provincial, Bailaque lo procesó. Fue condenado a prisión perpetua por la justicia provincial y a 15 años por el fuero federal.
La decisión de Mizzau de colaborar con la Justicia aporta, según indicaron los fiscales, información patrimonial que permite avanzar en causas conexas.