La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, convocó este jueves a los 57 diputados y a representantes del Poder Judicial para revisar la situación de la seguridad nacional. Durante el encuentro se expuso el funcionamiento de 61 bandas en conflicto y se prepararon proyectos de ley para responder a la criminalidad.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, reunió este jueves a los 57 diputados y a representantes del Poder Judicial para revisar la situación de la seguridad nacional. En el encuentro se expuso el funcionamiento de 61 bandas en conflicto y se prepararon proyectos de ley con los que el Gobierno busca responder a una criminalidad que, según Fernández, ya no puede enfrentarse con normas pensadas para “otra Costa Rica”.
Uno de los datos que marcó la reunión fue el caso de una persona detenida hasta 388 veces sin que, según la presidenta, exista una causa penal formada en su contra. Fernández también afirmó que se analizaron expedientes de liberaciones en las que el Instituto de Criminología Nacional del Ministerio de Justicia y Paz recomendó no excarcelar a personas consideradas peligrosas y, aun así, jueces de ejecución de la pena las dejaron en libertad.
La reunión se realizó en el Instituto Nacional de Seguros, en San José, y comenzó con una exposición de especialistas del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia y Paz. Según la presidenta, esos funcionarios presentaron mapas de calor de las siete provincias, fichas de los principales delincuentes de distintas estructuras y los puntos más conflictivos del territorio nacional.
La mandataria sostuvo que el objetivo fue triple: revisar con datos la realidad de la seguridad, identificar fortalezas y debilidades del Estado y escuchar de los propios funcionarios “que le ponen el pecho a las balas” cuáles son las trabas operativas y legales que dificultan la respuesta institucional. También anunció la preparación de varios paquetes de proyectos de ley para enviarlos a la Asamblea Legislativa.
El Gobierno apunta a reformas penales, penitenciarias y de coordinación entre poderes. La presidenta aseguró que, por ahora, no hay una acción específica definida en conjunto entre los tres poderes, pero sí una manifestación de voluntad para aprobar con rapidez leyes sobre ejecución de la pena, reformas al Código Penal y cambios en las reglas carcelarias para cortar la comunicación de bandas criminales encarceladas con sus miembros en libertad.
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, aseguró que la reunión fue “productiva en dos sentidos” porque permitió identificar problemas concretos de coordinación entre los cuerpos policiales y el Poder Judicial, además de vacíos legales que requieren corrección. Villalta agregó que las fracciones expusieron sus propias agendas y que hubo coincidencias con iniciativas en marcha.
La presidenta respondió además a preguntas sobre el tiempo que tardan algunos allanamientos. Afirmó que la Policía de Control de Drogas solicita diligencias y que en ocasiones pasan hasta dos meses antes de que el Organismo de Investigación Judicial pueda ejecutarlas.
Fernández confirmó que en junio presentará un proyecto de ley para revisar cómo se comunican hacia el exterior personas de alto perfil delictivo recluidas en máxima seguridad en La Reforma. Sostuvo que hay reclusos que siguen enviando mensajes, encargos e incluso operando presupuestos de las bandas desde prisión.
La presidenta también informó que asumió personalmente la conducción de la Fuerza Élite todos los lunes a las 08:00 en el Ministerio de Seguridad Pública. En ese marco, sostuvo que todos los mandos policiales de alto rango que participen en esas sesiones deben someterse a una prueba de polígrafo.
Aunque la situación de Crucitas no formó parte de la sesión de trabajo, la presidenta dijo que el problema será abordado en una visita de campo prevista para el 19 de junio. Según la mandataria, la atención de seguridad en Crucitas le cuesta al Estado USD 1 millón al mes.