Un informe oficial indica que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su ampliación, el Súper RIGI, implican una pérdida de recaudación fiscal de al menos USD 1.800 millones por año, mientras sectores industriales advierten sobre el impacto en el empleo y la integración productiva local.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumula 36 iniciativas por un monto proyectado de USD 94.965 millones, según un relevamiento de la consultora Paspartú con datos oficiales. De ese total, 15 proyectos fueron aprobados, con compromisos de capital por USD 27.210 millones.
De acuerdo con cálculos del equipo del diputado nacional Guillermo Michel, los primeros 13 proyectos generarán un gasto tributario de USD 1.837 millones anuales, equivalente al 0,27% del Producto Bruto Interno (PBI). La proyección a largo plazo indica que por cada USD 100.000 millones de inversión, el Estado resignará un punto porcentual del PBI en impuestos, debido a exenciones como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, retenciones nulas a partir del tercer año y beneficios para importar insumos y bienes de capital sin aranceles.
El Súper RIGI, que amplía beneficios para sectores como la industrialización del litio, el hidrógeno verde y el GNL, profundiza la renuncia fiscal: el Impuesto a las Ganancias cae al 15% y se fija un tope del 10% para las contribuciones patronales. Según estimaciones del extitular de la AFIP (ahora ARCA), una inversión de USD 100.000 millones bajo estas nuevas reglas elevaría el costo tributario a 1,27 puntos del PBI.
En el sector industrial, representantes consultados afirmaron que el régimen no exige un porcentaje mínimo de compras locales ni fomenta la investigación y desarrollo. Un industrial textil sostuvo: “Estás cediendo demasiado, la guita que entra tiene que, al menos, consumir algo localmente. Pero entra y se va”. Un metalúrgico agregó que “el 20% para proveedores locales del RIGI se está usando entero para la obra pública”.
El informe de la consultora de Juan José Carbajales señaló que la inclusión del upstream petrolero en el régimen “habilita proyectos de producción en Vaca Muerta que ya eran rentables sin el RIGI”, lo que constituye un “riesgo fiscal” al otorgar beneficios a inversiones que ocurrirían igual. Los especialistas indicaron que la estabilidad regulatoria por 30 años funciona como un “agujero de gusano” jurídico.
En cuanto al empleo, el informe del espacio Misión Productiva, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), indicó que casi el 60% de las ramas productivas privadas destruyó empleo registrado entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. La construcción perdió 81.295 puestos; la industria manufacturera, 76.556; los servicios de transporte y almacenamiento, 61.107; y las actividades profesionales, científicas y técnicas, 25.449. Los especialistas afirmaron que “la creación de empleo de los sectores que crecen está lejos de compensar a los sectores que destruyen”.