Passerini reconoció fallas en Córdoba y ordenó revisar antecedentes del personal

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El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, asumió la responsabilidad institucional tras confirmarse que el acusado por el femicidio de Agostina Vega trabajaba en el municipio.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, admitió fallas en los filtros de contratación de la comuna luego de conocerse que Claudio Barrelier, el principal sospechoso por el femicidio de la adolescente Agostina Vega, se desempeñaba como empleado en el área de tránsito del municipio. El jefe comunal asumió la responsabilidad política por el quiebre de los sistemas de alerta y confirmó el desplazamiento de funcionarios de su gabinete.

La vinculación del imputado con la estructura pública generó un impacto institucional. Según declaró el mandatario, la intendencia recibió más de 200 avisos referidos a trabajadores que cumplirían condenas vigentes en diversas reparticiones, lo que motivó un requerimiento masivo de datos para evaluar cada situación.

Como respuesta directa, el Ejecutivo local enviará un proyecto de reforma laboral al Concejo Deliberante. La iniciativa estipula que todos los empleados municipales presenten sus certificados de antecedentes penales cada seis meses, modificando la normativa actual que solo exige dicho documento cada cuatro años. Además, el texto prevé la aplicación obligatoria de test de consumo de estupefacientes para la totalidad de la planta, con un enfoque de asistencia médica y tratamiento.

La investigación sobre los antecedentes de Barrelier expuso que el sospechoso ingresó a la administración pública bajo el respaldo del entonces concejal Ricardo Moreno, quien además ejerció como su abogado defensor en una causa previa por privación ilegítima de la libertad durante 2025. Ante la negativa de Moreno a presentar la renuncia solicitada por el intendente, el bloque oficialista ejecutó una maniobra institucional para forzar su desplazamiento del cuerpo deliberativo. La remoción se materializó mediante el regreso a su banca de Raúl La Cava, quien interrumpió la licencia que mantenía para ejercer funciones en el gabinete del Ejecutivo. Al reasumir su posición legislativa, La Cava provocó el cese automático del mandato transitorio de Moreno.

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