Colectivos y activistas de derechos humanos entregaron al Senado y a la Cancillería más de 94 mil firmas ciudadanas para exigir que México condene las ejecuciones y detenciones de palestinos en Israel.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos y activistas exigieron al gobierno de México que su postura ante las recientes ejecuciones y detenciones de personas palestinas por parte de Israel sea la de condenar y rechazar esos hechos. Este reclamo se intensificó luego de que el Parlamento de Israel aprobara una ley que permite la pena de muerte a acusados de participar en ataques atribuidos a Hamás.
La demanda se formalizó mediante la entrega de más de 94 mil firmas ciudadanas al Senado y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El respaldo popular busca que el Estado mexicano condene públicamente la aplicación de la pena capital y se pronuncie sobre las denuncias de violaciones graves a los derechos de personas palestinas detenidas.
La nueva legislación, avalada por una amplia mayoría parlamentaria, permite la pena de muerte en juicios públicos contra quienes sean señalados por delitos relacionados con los ataques del 7 de octubre de 2023. La Knesset aprobó la iniciativa con 93 votos a favor y ninguna oposición.
En el contexto de la jornada pública “El rostro del otro”, realizada el pasado jueves 4 de junio, colectivos, artistas y activistas visibilizaron la situación de más de 9 mil personas palestinas privadas de libertad. La movilización incluyó manifestaciones pacíficas y un listado de siete exigencias al gobierno de México, entre ellas: la condena explícita de toda medida que permita la pena de muerte, el respaldo a investigaciones internacionales independientes sobre denuncias de tortura y violencia, y el impulso de mecanismos internacionales de monitoreo.
El reclamo central de las organizaciones es que México, como Estado democrático y miembro activo de la comunidad internacional, no permanezca indiferente ante la aprobación de leyes que facilitan la imposición de la pena capital a personas palestinas bajo ocupación. El respeto al derecho internacional humanitario y a los estándares internacionales de derechos humanos figura entre las principales demandas.
Amnistía Internacional (AI) se sumó a la jornada de acción, advirtiendo que toda condena a muerte derivada de estas reformas constituye una violación del derecho a la vida y, en caso de ser emitida por un tribunal militar, podría ser considerada un crimen de guerra. Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI México, calificó la legislación como una expresión más de un régimen institucionalizado de exclusión y dominación sistemática.
Las organizaciones convocantes, como Pulso Humano Global Call to Act y el Festival Yallah!, manifestaron preocupación por las denuncias de tortura, tratos crueles y la falta de garantías judiciales para las personas palestinas detenidas. Subrayaron la urgencia de terminar con las detenciones administrativas sin debido proceso y de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a nivel internacional.
“Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de quien sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, de la naturaleza o las circunstancias del delito y del método de ejecución. A fecha de hoy, 113 países han abolido la pena capital para todos los delitos, siete países más que en 2020”, finaliza el comunicado difundido por Amnistía.
Actualmente existe una petición vigente para exigir que se detenga el genocidio en Gaza, la meta es llegar a 30 mil firmas y ya hay 22 mil 412. Las organizaciones de derechos humanos que promueven esta petición consideran necesario que la población se una a esta exigencia y ponen a disposición la liga para sumarse: amnistia.org.mx/contenido/index.php/altoalfuego-en-gaza/
El reciente regreso a México de una de las activistas que viajaba en la Flotilla Global Sumud, la cual fue interceptada por Israel mientras transportaba ayuda humanitaria a Gaza, ha reavivado el debate sobre la necesidad de una política exterior más comprometida con la protección de los derechos humanos en zonas de conflicto.
La situación de miles de palestinos privados de libertad y la imposición de nuevas medidas punitivas han generado una ola de solidaridad en México y otros países en el mundo. Diversos sectores sociales consideran que la defensa de la dignidad humana exige posicionamientos claros y acciones concretas de la comunidad internacional, incluida la representación mexicana.
Aunque Israel abolió la pena de muerte para delitos comunes en 1954 y su última ejecución fue en 1962, la reciente aprobación de esta medida para ciertos delitos ha sido interpretada por colectivos y defensores de derechos humanos como un retroceso y un riesgo grave para la protección de la vida y la justicia internacional.