La Cámara Federal de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria de Konstantin Rudnev, acusado de liderar una organización investigada por trata de personas en Bariloche, y ordenó estudios médicos antes de definir su traslado al Servicio Penitenciario Federal.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria que cumplía Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso acusado de liderar una organización investigada por presunta trata de personas en Bariloche, y dispuso que vuelva a cumplir la prisión preventiva bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal.
La decisión fue adoptada luego de que el máximo tribunal penal del país hiciera lugar al planteo impulsado por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución que había autorizado al imputado a permanecer detenido en una vivienda particular.
De esta manera, Casación dejó sin efecto el beneficio que le había sido concedido por el Tribunal de Revisión de General Roca, que había ordenado el arresto domiciliario en la localidad bonaerense de San Vicente, con una caución real de 30 millones de pesos, caución personal y monitoreo mediante tobillera electrónica.
La defensa del acusado, encabezada por el abogado Martín Sarubbi, adelantó que recurrirá la resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según sostuvo, el estado de salud de Rudnev continúa siendo incompatible con el alojamiento en una unidad penitenciaria.
En ese contexto, antes de que se concrete cualquier traslado, Casación dispuso la realización de estudios médicos para evaluar si el Servicio Penitenciario Federal puede garantizar la atención necesaria para las patologías que presenta el imputado. Días atrás, Rudnev fue sometido a una intervención quirúrgica que “toleró mal”.
Durante la audiencia ante Casación, la fiscalía sostuvo que el acusado carece de arraigo suficiente en la Argentina y que subsisten riesgos procesales que justifican mantener una medida de coerción más severa mientras avanza la investigación.
Por su parte, la defensa cuestionó tanto la admisibilidad del recurso fiscal como los argumentos utilizados para solicitar el regreso de su defendido a prisión. Según Sarubbi, desde que comenzó a cumplir el arresto domiciliario Rudnev no registró incumplimientos de ninguna de las condiciones impuestas por la Justicia y todos los traslados médicos fueron previamente autorizados.
Uno de los aspectos destacados del trámite ante Casación fue la incorporación de presentaciones internacionales en calidad de amicus curiae. La Cámara admitió escritos presentados por la jurista costarricense Iveth Emilia Quesada Ugalde y por la abogada francesa Patricia Duval, además de peticiones impulsadas por organizaciones no gubernamentales vinculadas a cuestiones de derechos humanos, garantías procesales y condiciones de detención.
Tras conocerse la resolución, el entorno de Rudnev cuestionó especialmente el argumento vinculado al supuesto riesgo de fuga. También rechazó la hipótesis de que existiera una organización criminal con una estructura definida detrás de los hechos investigados y sostuvo que no existen elementos suficientes para acreditar esa acusación.
La defensa también objetó las referencias realizadas sobre la presunta capacidad económica del ciudadano ruso y aseguró que varios de los bienes y gastos mencionados durante la investigación pertenecían a terceros. Asimismo, recordó que la mujer identificada por la fiscalía como presunta víctima manifestó en distintas oportunidades que no se considera víctima de los hechos investigados.
Rudnev fue detenido en marzo de 2025 en el aeropuerto de Bariloche, en el marco de una investigación federal por presunta trata de personas. Según la acusación, el ciudadano ruso habría tenido un rol central dentro de un grupo integrado por personas de su misma nacionalidad que se instaló en la Patagonia.
El caso tomó notoriedad pública luego de que una mujer embarazada de nacionalidad rusa ingresara a un hospital de Bariloche acompañada por otras personas de la misma nacionalidad. A partir de ese episodio se inició una investigación que derivó en allanamientos y detenciones. La causa continúa en trámite en la Justicia Federal de Río Negro, mientras la defensa busca revertir la decisión de Casación ante la Corte Suprema.