El Gobierno de España ha contabilizado 900.000 solicitudes de personas extranjeras para regularizar su situación, a dos semanas del cierre del plazo. De ellas, 360.000 ya fueron admitidas a trámite.
El Gobierno de España ha contabilizado 900.000 solicitudes de personas extranjeras interesadas en regularizar su situación, según informó El País. El plazo para presentar estas peticiones vence el 30 de junio. De las 900.000 solicitudes presentadas, cerca de 360.000 ya fueron admitidas a trámite, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que llamó a completar las solicitudes para que “nadie se quede fuera” del proceso.
Entidades sociales colaboradoras de Extranjería señalaron la existencia de “trabas burocráticas, controles policiales y deportaciones exprés” desde el inicio del proceso en abril. Para personas de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia, la obtención del certificado de antecedentes penales resulta particularmente difícil. La ausencia del mecanismo de apostilla de La Haya complica la gestión y prolonga los tiempos de espera, según el movimiento Regularización Ya. También se reportaron dificultades en los servicios sociales de los ayuntamientos para obtener el certificado de vulnerabilidad.
Regularización Ya denunció que el aislamiento de trabajadores migrantes como jornaleros e internas en el servicio doméstico complica su acceso al proceso. Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya en Valencia, declaró a Infobae que hay trabajadoras internas que solo pueden salir tres horas cada 15 días, lo que les impide tramitar la documentación. También señaló problemas para acreditar los cinco meses de residencia continuada exigidos o la llegada a España antes del 31 de diciembre de 2015.
Las organizaciones sociales reclamaron una extensión del plazo más allá del 30 de junio. Regularización Ya registró una proposición no de ley (PNL) en el Congreso, a través de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG, para solicitar al Gobierno que facilite la legalización de documentos y asigne automáticamente una cita para la toma de huellas. También pidieron que se paralicen las deportaciones de personas en proceso de regularización, reivindicación a la que se sumó el Defensor del Pueblo el 1 de junio.
(Con información de la agencia EFE)