Con respaldo de sus aliados, los libertarios avanzaron con el proyecto que autoriza el pago de US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, y lo dejaron listo para su debate en el recinto.
El oficialismo consiguió este miércoles avanzar con el proyecto que autoriza el pago de US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, dos de los principales holdouts que aún mantienen litigios activos contra la Argentina. Con respaldo de sus aliados habituales, los libertarios dejaron el acuerdo listo para discutirlo en el recinto de Diputados.
El proyecto del Gobierno reunió 42 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Justicia gracias al respaldo de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los espacios donde convergen los referentes de distintos gobernadores aliados: Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan).
La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado. El acuerdo contempla el pago de US$171 millones a cambio de cerrar litigios pendientes derivados del default de 2001, evitar eventuales embargos sobre activos argentinos y poner fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores.
La defensa del proyecto estuvo a cargo del secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, y del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Ambos afirmaron que el entendimiento implica una reducción significativa respecto de las sentencias que ya pesan sobre el Estado argentino.
“Creemos que son acuerdos muy beneficiosos porque implican una reducción sustancial sobre las acreencias que tenían los acreedores”, sostuvo Stampalija. Amerio agregó que Attestor redujo su reclamo de US$160 millones a US$104 millones, mientras que Bainbridge pasó de US$96 millones a US$67 millones. “Lo que se está haciendo es pagar menos”, resumió.
Los funcionarios rechazaron que se trate de una nueva reestructuración de deuda. “Estamos pagando juicios que perdimos y estamos haciendo un acuerdo para pagar menos por esos juicios”, explicó Stampalija. Según señalaron, el entendimiento permitiría cerrar “en gran medida” los litigios remanentes vinculados al default de 2001.
Las principales objeciones llegaron desde Unión por la Patria (UP), que presentó un dictamen de minoría. Julia Strada cuestionó la falta de precisiones sobre el acuerdo y declaró: “No sabemos lo que estamos votando”. Su compañero de bloque, Itai Hagman, objetó que el Congreso conozca detalles de la estrategia oficial para resolver litigios externos a través de informes del FMI y no mediante explicaciones del Ministerio de Economía. “Nos tenemos que enterar por un reporte del Fondo Monetario Internacional cuál es la estrategia que tiene la Argentina”, afirmó. También apuntó contra la corrección que el Gobierno debió enviar al Senado tras detectar errores en la identificación de algunos títulos incluidos en el acuerdo.
Por su parte, el jefe de bloque, Germán Martínez, criticó la velocidad con la que el oficialismo impulsó el dictamen y reclamó precisiones sobre el plazo del 30 de junio fijado para concretar la operación, el impacto fiscal del acuerdo y la eventual participación de intermediarios. “Todos los que viven lucrando con las renegociaciones de deuda miran estas reuniones”, sostuvo.
“No tuvo ningún costo. Fue un acuerdo directo”, respondió Amerio. “No hay comisiones, no hay intermediarios y no hay costos adicionales”, agregó.
Victoria Tolosa Paz, en tanto, reclamó la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo. “Desde que es ministro jamás vino a explicar ni el rumbo económico ni cada vez que toma deuda o viene a pagarle a los holdouts”, declaró.
Desde la izquierda, Néstor Pitrola cuestionó la prioridad otorgada al acuerdo frente a otros reclamos sociales. “¿Por qué este apuro y todo el verso de la quita del 30%? No tenemos el mismo apuro para cumplir la ley de financiamiento universitario, la ley de discapacidad o los aumentos para los jubilados”, afirmó.
Durante el intercambio, los funcionarios explicaron que el plazo del 30 de junio fue acordado con los acreedores, aunque reconocieron que podría volver a prorrogarse si ambas partes aceptan extenderlo.