El juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, dispuso que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni deberá solicitar autorización judicial antes de viajar al exterior, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti.
La Justicia federal dejó bajo control del juzgado cualquier salida al exterior de Manuel Adorni en la causa que investiga su patrimonio por presunto enriquecimiento ilícito. A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Ariel Lijo resolvió que el exjefe de Gabinete deberá requerir autorización antes de viajar fuera del país. Es la primera medida concreta que recorta su margen de movimiento desde que empezó la causa, que también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti.
Fuentes judiciales aclararon que la medida no implica una prohibición de salir del país, sino que Adorni deberá informar cualquier eventual viaje al exterior. Su abogado, Matías Ledesma, comunicó que no tenía previsto dejar la Argentina, después de que circularan versiones sobre una posible mudanza a Uruguay.
El fiscal Pollicita descartó, por ahora, avanzar con un pedido de detención y consideró que no hay elementos suficientes para sostener un riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación. La resolución llegó después de que la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, como denunciantes, solicitaran que se le prohibiera salir del país.
En el expediente también aparecen bajo análisis los contactos que Adorni mantuvo con el contratista Matías Tabar antes de que declarara como testigo. Para la fiscalía, esas conversaciones no alcanzan hasta el momento para configurar una maniobra de obstrucción. En un audio difundido recientemente, se escucha al exfuncionario ofrecerle “todo el soporte que necesites” al contratista antes de su testimonial.
Tabar declaró el 4 de mayo ante Pollicita y aportó un dato clave para la causa. Según su testimonio, Adorni pagó US$ 245.000 en efectivo por refacciones realizadas en una vivienda del barrio cerrado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Ese inmueble pasó a ser uno de los principales focos de la investigación porque había sido omitido en la declaración jurada de 2024.
La Justicia intenta reconstruir de dónde salió el dinero para comprar y refaccionar la propiedad. La casa fue escriturada por US$ 120.000 y, según el expediente, US$ 20.000 fueron aportados en efectivo por Adorni y Angeletti. Los US$ 100.000 restantes provinieron de un préstamo en efectivo, bajo la modalidad de hipoteca privada, otorgado por Graciela Molina, jubilada de la Policía Federal, y su hija Victoria Cancio. Tiempo después, el exfuncionario habría devuelto US$ 30.000 de esa deuda. Antes de noviembre deberá cancelar los US$ 70.000 restantes más un interés del 11%.
La investigación también revisa compras realizadas con tarjetas de personas del entorno laboral de Adorni. La exempleada Gisela Kocsis declaró ante la Justicia y ratificó pagos en efectivo vinculados a compras de blanquería por más de $8 millones. También dijo que gestionó la compra de un lavavajillas y un lavarropas Whirlpool por alrededor de $3,1 millones para la casa de Indio Cuá, operación que habría solventado con su tarjeta y que luego le habría sido reintegrada en efectivo.
Un informe sobre tarjetas de crédito bajo titularidad de Adorni determinó gastos por $139 millones en dos años y cuatro meses. Ese nivel de consumo implicaría un promedio mensual de entre $4 millones y casi $6 millones. En paralelo, su sueldo declarado rondaba los $3,5 millones, una diferencia que también forma parte del análisis patrimonial.
Adorni no tiene prohibido salir del país ni enfrenta, por ahora, un pedido de detención. Pero cualquier viaje deberá pasar antes por el juzgado de Lijo, mientras la causa sigue avanzando sobre gastos, propiedades, refacciones y pagos en efectivo.