Un operativo en el Centro de Detención Preventiva de Puerto Barrios, ejecutado entre el 24 y el 26 de julio, resultó en el traslado de 56 reclusos y la muerte de tres presos. La intervención buscó cortar el mando interno de una estructura criminal que operaba desde la prisión.
Guatemala desarticuló una red criminal que operaba desde la cárcel de Puerto Barrios y trasladó a 56 reclusos tras un operativo que buscó cortar el mando interno de una estructura dedicada a narcomenudeo, sicariato y trata de personas con alcance hasta la zona 18 de la capital; la intervención también dejó tres presos muertos después de un intento por retomar el control del penal.
La acción se ejecutó entre el 24 y el 26 de julio en el Centro de Detención Preventiva de Puerto Barrios, en Izabal, con participación del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario. El primer traslado alcanzó a 34 privados de libertad considerados de alta peligrosidad y el segundo sumó otros 22, incluidas cinco mujeres identificadas por las autoridades como convivientes de los líderes reclusos.
El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval explicó el lunes 27 de julio que la intervención respondió a información de inteligencia sobre reclusos que coordinaban delitos fuera de la prisión. El funcionario afirmó: “Estos reos tenían actividades que traspasaban los muros de la prisión. Estaban involucrados y coordinaban actividades relacionadas con narcomenudeo, trata de personas e incluso sicariato, tanto en Izabal como en la ruta al Atlántico”.
El director general del Sistema Penitenciario Jorge López De la Chiesa identificó al cabecilla con el alias de La Minga. Precisó que había sido trasladado hace más de un año a Renovación Uno, el centro de máxima seguridad de la capital, pero que, según las investigaciones, mantuvo desde allí el control sobre la cárcel de Puerto Barrios. López De la Chiesa agregó que ese recluso todavía impartió instrucciones después de la primera fase del operativo. En sus palabras: “Se tiene conocimiento de que todavía dio una instrucción el día viernes para que se lograra hacer el intento de motín en Puerto Barrios”.
Ese intento derivó en una alteración del orden el viernes 25 de julio, cuando cinco privados de libertad buscaron retomar el control del penal tomando como rehenes a otros reclusos. El enfrentamiento entre dos sectores del centro dejó tres reclusos muertos, dos de ellos calcinados por la misma población penitenciaria. El director del SP aseguró que no hubo fuga. “El control dentro del centro se retomó ese mismo viernes”, sostuvo.
El operativo se organizó en tres ejes, según el director del Sistema Penitenciario: requisas focalizadas por sectores, demolición de infraestructura irregular y traslados estratégicos. En el penal fueron hallados más de 57 teléfonos celulares, cuatro chips, un router de Internet, dos paneles solares, tres radios, 14 televisores, 120 objetos punzocortantes, 430 encendedores, licor clandestino y drogas como marihuana, cocaína, metanfetamina y crack. El Ejército de Guatemala también informó la destrucción de un rancho que era utilizado para celebrar fiestas dentro de la prisión. Las autoridades sostienen que las demoliciones de estructuras no autorizadas continuarán como parte de una política para recuperar el control territorial penitenciario.
La segunda intervención en Puerto Barrios se realizó el sábado 26 de julio de forma simultánea con operativos en Renovación Uno y en el Centro de Detención El Boquerón. Los reclusos reubicados fueron enviados a las granjas penales de Pavón, Canadá y Cantel, además de los centros de Zacapa y el Centro de Orientación Femenina. El viceministro de Seguridad Roberto Solórzano afirmó que el Estado no negociará con estructuras criminales. Dijo: “Estamos trabajando porque tenemos que recuperar el territorio que ellos están disputando. Esas estructuras trascienden no solo las calles, se encuentran dentro de las cárceles”.
Villeda Sandoval anunció que el Ministerio de Gobernación presentará esta semana ante la Comisión de Gobernación del Congreso de la República una iniciativa para reformar el Código Procesal Penal. La propuesta busca eliminar la posibilidad de otorgar medidas sustitutivas a personas detenidas con armas de fuego sin licencia de portación. El ministro sostuvo que quien porta armas sin documentación válida difícilmente lo hace con fines defensivos legítimos. La operación en Puerto Barrios fue presentada por las autoridades como parte de una estrategia que este año ya impactó a 53 estructuras criminales mediante 522 allanamientos y 292 capturas de personas vinculadas al crimen organizado.
El viceministro de Antinarcóticos Víctor Hugo Cruz informó además que entre enero y julio de 2026 hubo más de 1.200 capturas y decomisos que abarcaron desde onzas de cocaína hasta toneladas, junto con acciones contra redes de financiamiento criminal. También señaló el decomiso de 106 kilos de cocaína en Zacapa, procedimiento en el que fueron capturadas cuatro personas vinculadas a una estructura bajo investigación del Ministerio Público.
El Sistema Penitenciario agregó que desde el inicio de la gestión actual ha decomisado aproximadamente 2.000 teléfonos celulares en cárceles del país. Indicó además que 23 centros de detención ya cuentan con escáneres de objetos en sus puntos de acceso.
Roberto Gordillo Coronado, identificado por las autoridades como alias La Minga, es un reo guatemalteco de alta peligrosidad condenado a 40 años de prisión por asesinato y vinculado a casos de narcotráfico y violencia en Izabal. Fue sentenciado en 2014 por la muerte de dos personas y por heridas causadas a otras tres, y en abril de 2025 un juez ordenó otorgarle arresto domiciliario con brazalete electrónico tras cumplir 11 años de prisión, medida que el Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario impugnaron.